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La Junta refunde en un único texto las reglas de la Renta Garantizada para facilitar su conocimiento y aplicación

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las normas vigentes para acceder y disfrutar de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Esto permite que cualquier ciudadano o profesional solo deba de consultar un único texto para conocer o aplicar las reglas de esta prestación.

Con su aprobación, se cumple así el mandato que, de forma unánime, dio las Cortes de Castilla y León al Gobierno autonómico para que en el plazo de dos meses presentara un único texto que recogiera todas las reglas de la prestación de la Renta. Se trató de una enmienda que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la Ley de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público.

El nuevo texto legal, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, consta de 37 artículos, agrupados en nueve títulos, una disposición adicional y una disposición final. Incorpora los preceptos de la Ley de Renta Garantizada del 30 de agosto de 2010 y las mejoras introducidas en el Decreto-Ley por el que se creó, el pasado 21 de noviembre de 2013, la Red de Protección a las Familias con el objetivo de recoger las nuevas situaciones de vulnerabilidad que han ido surgiendo desde que se aprobara la Ley original hace ahora tres años y medio.

Ese Decreto-Ley por el que se adoptaron medidas extraordinarias de apoyo a las familias afectadas por la crisis fue convalidado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara el pasado 27 de noviembre y sustentado en un amplísimo acuerdo social y político previo. Y es que, con anterioridad a llegar a las Cortes, había recibido las aportaciones y el respaldo del Consejo del Diálogo Social, de las organizaciones del Tercer Sector -Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Red de Pobreza- y de las corporaciones locales.

Este amplio consenso permitió convertir a Castilla y León, por encargo del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la primera Comunidad en ‘tejer’ una Red de Protección para dar una respuesta urgente, eficaz, coordinada e integral a la situación por la que atraviesan numerosas familias de la Comunidad como consecuencia de la prolongada situación económica actual.

Un buen número de las medidas que incorporaba este Decreto-Ley y que hoy refleja el nuevo texto legislativo se referían a la Renta Garantizada de Ciudadanía. El objetivo: agilizar el acceso a la prestación y flexibilizar sus criterios. Estas reglas se concretan en cinco puntos.

El primero de los bloques tiene como fin agilizar los trámites antes situaciones especiales, como es el caso de aquellas familias que se encuentran en riesgo de impago de la hipoteca.

El segundo bloque está orientado a garantizar que se cubran las necesidades de nuevos colectivos que aún teniendo propiedades no tienen cubiertas sus necesidades ante la imposibilidad de hacer efectivo su valor. Es el caso de ciertos bienes inmuebles, terrenos rústicos, algunos vehículos o productos financieros, como las preferentes, de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares.

El tercer bloque recoge un conjunto de medidas especiales para que las personas más vulnerables: menores y víctimas de violencia de género reciban una atención prioritaria. Así, fija una garantía de atención a los menores para que no se dejen de abonar las pensiones compensatoria o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge. Y, por otra parte, agilizará el procedimiento para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan percibir la Renta, considerándolas como personas independientes incluso antes de haber concluido los trámites de separación. Se excluirán del cómputo patrimonial las viviendas de las mujeres víctimas de violencia de género que residan temporalmente, por este motivo, en otro que no sea de su propiedad; no se les exigirá estar viviendo de forma independiente, ni tener 25 años cumplidos.

El cuarto bloque establece un conjunto de medidas de control y seguimiento. De esta forma, se denegará la prestación en el caso de que cualquiera de los miembros de la unidad familiar abandone el territorio de la Comunidad, salvo por motivos de trabajo, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas. Se establece que la unidad familiar o de convivencia tendrá que estar al corriente del pago del alquiler o de la cuota hipotecaria durante el tiempo que reciba la Renta y, además, se fija una limitación: en los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, el reconocimiento de la prestación exigirá haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia.

Y, por último, como el objetivo es atender las necesidades urgentes de las familias pero sobre todo darles oportunidades para que encuentren una salida laboral, el texto refundido incluye medidas para ayudar a superar la situación de vulnerabilidad mediante la inserción a través del acceso al empleo. Se trata de incentivar la actividad laboral y que el hecho de ser perceptor de la Renta no sea nunca un obstáculo para buscar un empleo. Además, se recoge el compromiso de que los planes de empleo de la Junta de Castilla y León incluyan medidas extraordinarias dirigidas a contratar a las personas más vulnerables, con especial atención a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Balance de la Renta Garantizada de Ciudadanía

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha realizado ante los miembros del Consejo de Gobierno un balance de aplicación de la Renta en el último año. Así, durante 2013 se presentaron un total de 11.046 solicitudes, de las que el 93 % -10.238 en total- habían sido resueltas antes de que finalizara 2013. El resto -808- se encontraba en esos momentos en tramitación al haberse presentado en el último trimestre. Estos datos demuestran una gran “agilidad” en la respuesta, ya que en ningún caso se agotan los tres meses máximos que pueden transcurrir desde la solicitud hasta su concesión.

Se observa que en el último año ha crecido en un 42 % el número de beneficiarios. Se ha pasado de los 14.369 beneficiarios que figuraban a 31 de diciembre de 2012 a 20.357 al concluir 2013; lo que representa un 13 % más de las previsiones que apuntaban a aproximadamente 18.000 beneficiarios al cierre del ejercicio.

La Renta Garantizada de Ciudadanía tiene como finalidad llegar realmente a quien lo necesita, de ahí que el sistema cuente con mecanismos para controlar el acceso y realizar seguimientos periódicos para certificar que se cumplan todos los requisitos. Durante el pasado año, tuvo lugar un total de 2.150 extinciones de la Renta. La mitad de ellas -1.100- dejó de percibir esta prestación al contar con otros ingresos o acceder a un empleo. A otros 900 perceptores se les retiró la Renta por incumplir los requisitos, ya fuera por no aceptar un empleo, tener más capacidad económica de la declarada o por no permitir a los profesionales que realizaran el perceptivo seguimiento. Y, por último, 150 personas pasaron a ser atendidos en centros residenciales o salieron de la Comunidad.

El Presupuesto de la Renta Garantizada de Ciudadanía ascendió el pasado año a 46,6 millones de euros, lo que representa un 43 % más que en 2012 para hacer frente a ese incremento del 42 % de beneficiarios. Esta cifra supone 14 millones más de lo presupuestado inicialmente y 4 millones más de lo comprometido con el Diálogo Social.

Para este año, el presupuesto previsto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para atender la Renta Garantizada supone 53,5 millones de euros, ampliables. A esta cantidad hay que sumar los 11,5 millones consignados en el Plan Especial de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo para favorecer la contratación de las personas que perciben la Renta Garantizada. Se pretende así dar oportunidades a los perceptores para conseguir un empleo que les saque de la situación de exclusión social o evitar caer en ella.

Este balance, que ya ha sido presentado a los miembros que conforman el Diálogo Social, será expuesto por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades el próximo 4 de marzo ante las Cortes Regionales donde comparecerá para evaluar el sistema de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis y la Renta Garantizada de Ciudadanía, dando cumplimiento así al acuerdo político alcanzado con todos los grupos parlamentarios el 20 de noviembre.

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