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Familia firma un acuerdo con el Procurador del Común para mejorar y agilizar el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía

El pasado 24 de enero la Consejería de Familia y el Procurador del Común firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual se pretende mejorar la atención a las personas, que inmediatamente entra en vigor. Una firma realizada ante miembros del Diálogo Social también presentes ya que este acuerdo está incluido dentro de la Red de Protección a las Familias.

Mediante el mismo se pretende reforzar el seguimiento y control de las prestaciones, habilitar fórmulas que permitan actuar lo antes posible ante las quejas y sugerencias de los ciudadanos y agilizar el proceso de concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Se facilitarán voluntariamente los datos referidos a la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, además de mejorar la comunicación a través de una persona interlocutora de la Junta para dar mayor respuesta y que ésta sea ágil.

“Tenemos el objetivo compartido de impulsar actuaciones que refuercen la transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos”, señalaba Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Por su parte, el Procurador del Común, Javier Amoedo, que mostró su satisfacción por la firma de un convenio que se lleva gestando desde abril de 2016, destacó la importancia del mismo para agilizar y colaborar en la gestión de los expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

“Se han reducido de 52 a 36 las quejas de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el Procurador, siendo el tema de las mismas muy reiterativo la demora de la resolución de los expedientes. Así como la dificultad de los ciudadanos extranjeros de poder acceder, así como el excesivo rigor a la hora de la valoraciones.  Por ejemplo, una persona que acude a al mendicidad mientras se está valorando la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía” explicaba el Procurador del Común. 

“Se inicia una nueva etapa; vamos a trabajar conjuntamente para mejorar toda la tramitación de los expedientes, siendo el beneficiario el ciudadano”, añadía Amoedo. 

En el año 2014 el Procurador del Común puso en la mesa la necesidad de que un usuario no podía volver a acudir a la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta seis meses después de la ‘eliminación’ de la misma. 

Una reivindicación del Procurador del Común que sigue vigente  y que piden que pueda ser estudiada.

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