Home / Opinión / Cartas a la directora / Directoras y Gerentes aseguran que el informe del Tribunal de Cuentas se muestra poco o nada crítico con la actuación del Ministerio

Directoras y Gerentes aseguran que el informe del Tribunal de Cuentas se muestra poco o nada crítico con la actuación del Ministerio

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre el texto del Tribunal de Cuentas: “Una sorprendente interpretación sobre la financiación y sobre otros aspectos del Sistema”
El informe modifica las variables de cálculo respecto a la anterior fiscalización reflejando un ficticio incremento de la financiación estatal.
Se ponen de manifiesto graves deficiencias en la veracidad de los datos oficiales; retrasos en la atención e importantes desigualdades entre territorios, en línea con los dictámenes e informes del Observatorio.
El informe se muestra poco o nada crítico con la actuación del Ministerio y se centra en censurar la actuación de las CCAA.

directores-gerentes-servicios-sociales tribunal cuentas

Analizado el anteproyecto de informe de fiscalización sobre la aplicación de la Ley 39/2006, desde el Observatorio Estatal para la Dependencia realizamos las siguientes apreciaciones,
1º. Ni nos gusta, ni es nuestra labor emitir juicios sobre un informe de fiscalización y más cuando se encuentra aún en fase de anteproyecto y en trámite de alegaciones, pero en vista de la publicación de una noticia en un medio de tirada nacional, que sorprendentemente se ha incluido en la web pública del IMSERSO, creemos oportuno emitir este comunicado.
2º. Con todos los respetos hacia el Tribunal de Cuentas como Órgano del Estado en cuya labor habíamos depositado nuestra confianza como profesionales del sistema de servicios sociales y como ciudadanos, consideramos que el informe, más allá de los límites técnicos de una fiscalización del sector público tan compleja como esta, introduce una sorprendente e imaginativa ficción contable en lo que parece un denodado intento por demostrar lo indemostrable: que la Administración del Estado financia suficientemente el sistema el sistema de atención a la dependencia.
3º.- Antes de entrar a argumentar lo anterior, y para dar una visión más completa del informe hay que decir que se trata de una fiscalización de seguimiento de las recomendaciones dadas en el anterior informe (referido a la gestión hasta 2011). Se revisan varios aspectos que, si bien han mejorado en algún caso, presentan aún graves deficiencias con durísimas consecuencias para las personas en situación de dependencia como directas perjudicadas.
4º.- Se corrobora en el informe el incumplimiento de los plazos para incorporar las solicitudes, las valoraciones y, por ende, la puesta en funcionamiento efectiva los servicios y de las prestaciones económicas. En concreto se determinan plazos medios de 8 meses, si bien en algunos territorios se supera ampliamente el año. Es decir, se incumple de manera flagrante lo dispuesto en la Ley.
5º.- Se confirman también las permanentes denuncias de este observatorio referidas a la desigualdad de trato según el territorio en aspectos tan relevantes como el copago o el gasto público por dependiente atendido.

6º.- Se pone de manifiesto la preocupante falta de fiabilidad de los datos “oficiales” incluidos en las estadísticas mensuales del SISAAD que, considerados en conjunto, pueden ser válidos para realizar estimaciones y observar tendencias, pero cuyo valor a efectos de contabilidad púbica es más que dudoso como indica el propio informe. Baste decir que sobre un análisis realizado por el Tribunal en mayo de 2013 comparativo de los datos SISAAD con los obrantes en las CCAA se localizaron numerosas anomalías entre las que destacamos:

Anomalía detectada por el Tribunal de Cuentas Expedientes afectados

Expedientes que figuran en el SISAAD pero que no figuran en las relaciones de las CCAA 615

Expedientes que figuran en las bases de datos de las CCAA pero que no figuran en el SISAAD 715

Expedientes con prestación reconocida en las bases de datos de las CCAA pero que no constan en SISAAD 17.071

Expedientes con grado y nivel no coincidente entre SISAAD y bases de datos autonómicas 74.119
Expedientes en situación de “Baja INE” (fallecimientos) activos en las bases de datos de las CCAA* 46.026

* Esa anomalía no tiene efectos contables ya que no se devenga nivel mínimo por esos expedientes una vez se anota “Baja INE”.

Aún considerando que para cada anomalía concreta existen explicaciones; que se ha mejorado la calidad de los datos y que se está en proceso de modificación profunda del sistema de información, es notorio que existió desde el inicio del desarrollo de la Ley 39/2006 una muy deficiente labor de planificación y control del sistema de información y comunicación entre la AGE y las CCAA como ya puso de manifiesto en su día el informe elaborado por la Agencia pública AEVAL (E13/2008).

7º.- El informe de fiscalización aporta datos clave sobre financiación y gasto que suponen una clara validación de las estimaciones realizadas por de este observatorio:

Correlación entre las estimaciones del Observatorio Estatal de la Dependencia y el anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas (ejercicio 2012)
SAAD 2012 Observatorio AEDGSS* Informe TC** Desviación
Coste total sistema (miles de euros) 6.566.3 6.811,9 3,7%
Aportación AGE % (nivel mínimo s/total) 21,4% 21,6% 0,2%

* Las estimaciones de gasto total de la AEDGSS se realizan conforme a los datos mensuales SISAAD aplicando un modelo de costes de servicios y prestaciones económicas diferenciado para para cada CA. Solo se contempla gasto en atenciones no incluyéndose gastos de gestión, sistemas, inversiones, valoración, etc…

** Los datos aportados por el Tribunal de Cuentas proceden de certificaciones de gasto emitidas por las CCAA que –si bien carecen de la precisión y homogeneidad deseable a decir del órgano fiscalizador- configuran en su conjunto una aproximación al gasto global soportado. En este caso sí se añaden gastos de gestión, personal valorador, sistemas informáticos etc…

Considerando la amplia coincidencia existente a pesar de utilizar diferentes métodos de cálculo, el informe supone un gratificante refuerzo a los trabajos realizados por este observatorio para desvelar ante las personas dependientes, sus familiares, los profesionales, los responsables políticos y ante la opinión pública qué está ocurriendo con la atención a la dependencia en España.

8º.- Dicho lo anterior, discrepamos respetuosa pero firmemente del cómputo final que hace el anteproyecto de informe en lo referido a la aportación de la Administración General del Estado al gasto global en Dependencia.
– Reconoce el informe en el apartado II.4.1, que la financiación de la Ley se produce mediante una financiación afectada que venía compuesta por un nivel mínimo (artículo 9 de la Ley 39/2006) y por el nivel acordado (artículo 32.3), constatando la suspensión producida en 2012 de este último nivel de financiación mediante Real Decreto-ley 20/2012, y que se ha mantenido en años sucesivos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este recorte, manteniendo las cuantías del nivel acordado, habría supuesto un quebranto de 565,1 M€ para las arcas autonómicas en 2012 y 2013.
– Constata también el informe la disminución que se ha producido en las aportaciones del nivel mínimo de financiación en 2013 respecto a 2012 (197,6 M€)
– Sin embargo, se afirma que la aportación de la AGE al SAAD se ha incrementado en 2013 respecto a 2012 en un 9,12% y que la aportación estatal al conjunto del coste del sistema en 2012 fue del 51,5%. ¿Cómo es esto posible?

9º.- El Tribunal de Cuentas modifica sorpresivamente la técnica de cómputo respecto al anterior informe ya que, saliéndose del ámbito de lo estipulado en la propia Ley 39/2006, el Órgano Fiscalizador ha creído oportuno incorporar como aportación estatal el crédito derivado de la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 22/2009. ¿A qué se refiere?
Dicha Ley, derivada de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, se promulgó a los efectos de reforzar ésta con recursos adicionales para el sostenimiento del Estado del Bienestar y evitar o corregir desigualdades. Explicado de manera un tanto burda, planteaba la forma de distribuir una serie de fondos adicionales, fondos de convergencia y cesión de determinados tributos. Pues bien, una parte de los recursos adicionales se distribuiría de la siguiente forma (artículos 5 y 6 Ley 22/2009):

Criterios de reparto de recursos adicionales financiación autonómica régimen común 2009:
A) Mantenimiento del Estado de Bienestar (4.900 M€) 75% Peso relativo de la variación de la población ajustada* entre 1999 y 2009 respecto al total
25% Peso relativo de la variación de la población ajustada en 2009 respecto al total 50% (12,5%)
Peso relativo de la población potencialmente dependiente (Resolución 21/05/2009 del IMSERSO) 40% (10%)
Peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación. (Resolución 21/05/2009 del IMSERSO) 10% (2,5%)
B) Otros recursos – 50 M€ para CCAA con dispersión de población superior a la media
– 50 M€ para CCAA con densidad de población inferior a la media
– Normalización lingüística (2,5 X financiación Ley 21/2001)
* La “población ajustada” es una forma de calcular unidades de necesidad a través de la ponderación de las variables: población; superficie; dispersión; insularidad; población protegida equivalente (sanidad); población mayor de 65 años; población entre 0 y 16 años.

Para el ejercicio 2010 y siguientes (liquidable a partir de 2012) se planteaban en esta parte de la financiación de las CCAA de régimen común los siguientes criterios:
Criterio reparto recursos adicionales 2010 y ss
1.200 M€ A) Peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación. (Resolución 21/05/2009 del IMSERSO)
1.200 M€ B) Peso relativo de la variación de la población ajustada en 2009 respecto al total
En definitiva, en aquel momento y fruto de la negociación de la financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se creyó oportuno, incorporar dicha variable a otras muchas para conformar los criterios del reparto de financiación adicional a las CCAA .
Pues bien, el informe del Tribunal de Cuentas calcula (no indica cómo) e incorpora dichas aportaciones a la financiación del SAAD (1.886,6 M€ en 2012) aún cuando reconoce repetidas veces que no se trata de una financiación afectada. De hecho, es obvio que no se trata como tal de una financiación singularizada, sino de un mero criterio de asignación cuyo resultado se suma a otros muchos para conformar el montante total de la financiación que recibe cada comunidad autónoma de la AGE.
Resultaría sorprendente y pintoresco plantear, por ejemplo, a una comunidad autónoma de las que recibe fondos adicionales por dispersión poblacional que debe utilizar de tal financiación en redes de transporte; y lo mismo cabe decir para el criterio de población protegida equivalente cuyo importe debería suponerse destinado directamente a sanidad. Si se estira mucho el argumento, cada ciudadano debería plantarse ante la puerta de su Hacienda autonómica para contabilizar si ha recibido servicios efectivos por importe equivalente a su valor capitativo en la financiación de su Comunidad (ejercicio este que, por cierto, daría lugar a curiosas sorpresas). Llevando el argumento al extremo, no sería falsa la afirmación de que quien está financiando el SAAD al 100% somos todos los ciudadanos y fundamentalmente los trabajadores y pequeños empresarios.
10º.- Por otra parte, si diéramos por buena la interpretación del Órgano Fiscalizador en atención a un “mejor criterio” que no querríamos cuestionar, el resultado de esta parte del informe resulta del todo incompleto ya que no se incorporan los oportunos análisis financieros referidos a la obtención de retornos directos a las arcas de la AGE derivados de las actividades (servicios) de atención a la dependencia. Estos retornos directos que se obtienen por recaudación de IRPF, cuotas de Seguridad Social, parte del IVA devengado por servicios, etc… en justicia y aplicando el mismo criterio del Tribunal de Cuentas deberían aplicarse a la cuenta global como ingreso en las arcas de la AGE derivado de la Dependencia (a restar de su aportación). Por cierto, si les vale nuestro cálculo, estimamos que para el ejercicio 2012, los retornos a las arcas estatales por el funcionamiento de la actividad derivada de la Ley estarían en torno a 1.869,7 M€, (tasa de recuperación del 34,61% sobre el total del gasto en 2012).
11º.- En otro orden de cosas, en el ejercicio del control operativo propio del Tribunal (de gestión y funcionamiento del SAAD), contrasta la censura sin ambages a la labor de las CC.AA. con la aplicación –creemos- un rasero diferente al IMSERSO. Ejemplos:
– Cuando se refiere a los problemas del el registro de datos en el SISAAD carga las tintas en la responsabilidad de los gestores autonómicos sin referirse a lo inoperante de la plataforma propuesta y mantenida por la AGE (si bien eso fue objeto de crítica en el primer informe).

– Cuando critica la existencia más de 670 normas autonómicas a las que denomina textualmente y no sin razón “maraña normativa”, no alude sin embargo a que desde 2010, la Ley ha sufrido nada menos que cuatro modificaciones, auspiciadas por diferentes gobiernos (una con Zapatero y tres con Rajoy) que son, en buena medida, causa de la profusión reguladora de las autonomías. Es más, aplaude –y nos sumamos al aplauso- la homologación normativa que se está llevando a cabo a iniciativa del Ministerio, pero deberá ser consciente el Tribunal de que cada modificación a nivel central exige no menos de 17 modificaciones normativas periféricas.
– Otra ejemplificación del peculiar sentido crítico y analítico del informe veamos la interpretación de los cuadros II.1.c-1 y II.1.c-2 (p. 42) que reproducimos aquí:

Es decir, sobre los datos planteados se omite una interpretación obvia: la disminución absoluta de personas en lista de espera entre 2012 y 2013 fue de 40.616 personas y en ese mismo intervalo de tiempo el incremento absoluto de personas atendidas fue de 2.291 personas ¿cómo se ha reducido entonces la lista de espera? Desgraciadamente habría que buscar muchos de los datos en el código “Baja INE”, es decir: fallecimientos. Que las personas con derecho mueran antes de haber recibido atención es un asunto que concierne a la eficacia de esta política pública y, por tanto, al control operativo que ejerce el Tribunal de Cuentas. Definitivamente no existe correlación entre incremento de atención y descenso de la lista de espera.
12º.- Nos parece muy oportuno y agradecemos que se fiscalice esta política y además que quien lo haga sea el Tribunal de Cuentas. Su labor es esencial, tanto en el plano del control de regularidad como en el plano del control operativo.
No obstante, algunos puntos críticos de este informe, si se elevaran a definitivos, serán instrumentalizados políticamente en forma de sonoro aplauso a la política de recortes en dependencia por parte de aquellos que –frente a la cruda realidad del abandono y el sufrimiento de miles de ciudadanos- sostienen la mentira de la bondad de su gestión”.

Te puede interesar

premio, municipio, municipios, universal, promoción, reina letizia, accesibilidad universal, accesibilidad, zumba, zumba en el parque, león, ayuntamiento leon, la condesa, eras renueva, zumba, botines, caídas, prevención, ergonomía, tierra charra, ejercicio, vida cotidiana, hogar, adaptaciones hogar, salamanca, ayuntamiento salamanca, mayores, personas mayores, ejercicio, equilibro, esther duque, gaceta, gaceta castilla-león, relajación, envejecimiento activo, prevención dependencia, dependencia, actividad física, gimnasia, cardiopatía isquémica, descalcificación, parques, ávila, parque, gimnasia, intergeneracional, mayores, ayuntamiento ávila, fitness,

Ávila recibe el premio Reina Letizia 2016 de promoción de la accesibilidad universal en los municipios

Ávila ha recibido el Premio Reina Letizia 2016 de Promoción de la Accesibilidad Universal en …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann