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En 2014 habrá 31.000 grandes dependientes menos hasta reducir su número a unos 340.000

La evolución del número de grandes dependientes provocan un recorte en los presupuestos generales del Estado y un mayor quebranto económico en las CCAA

En octubre de 2011, el nº de personas dependientes dictaminadas con un grado III de dependencia era de 433.290 (172.614 con nivel 2 y 260.676 con nivel 1). Dos años después (octubre de 2013), de aquellos dependientes figuran tan solo 332.627 (127.234 con nivel 2 y 205.393 con nivel 1) y a ellos se les han incorporado 37.973  personas dictaminadas con grado III (no hay niveles desde septiembre de 2012), lo que arroja un total de 370.600 personas (62.690 grandes dependientes menos). La pérdida mensual promedio de grandes dependientes ha sido por lo tanto de 2.588 grandes dependiente cada mes. Los datos oficiales del Ministerio figuran en Tabla 1

Los valorados como grado III van causando baja por causas naturales (estén o no atendidos) y, en algunos casos por revisiones de grado a la baja. Estas bajas no se reponen porque el sistema ha dificultado el acceso al sistema de nuevos grados III. La tendencia por lo tanto será de reducción del número de grandes dependientes para los próximos años, siendo la media de pérdida superior a las 2.500 personas al mes.

Si continúa la tendencia, durante 2014 habrá que atender a 31.000 grandes dependientes menos hasta reducir su número a unos 340.000.

La dinámica de pérdida de grandes dependientes se debe a tres factores combinados:

       Por las bajas en el sistema producidas por fallecimientos. Estas personas fallecidas lo son mientras reciben servicios y prestaciones o sin haber llegado a recibirlos. El propio Ministerio reconoció que a fecha 31 de diciembre de 2012, de los 396.777 grandes dependientes había 48.326 que no recibían aún prestación o servicio alguno (ausencia de PIA).

       Por otro lado, en algunas comunidades autónomas, se ha procedido de oficio a realizar  revisiones de grado que en algunos casos han dado lugar –sorprendentemente- a la reducción de grado. La razón para ello se puede encontrar en la necesidad de recorte de gasto en las prestaciones económicas, cuyo límite se establece en función del grado. Un grado III nivel 2, en enero de 2013 por cuidados familiares podía llegar a percibir un máximo de 520,69 €/mes (387,64 € tras el Decreto Ley 20/2012 de 13 julio). Si se rebajaba un grado a esa persona, su máximo a percibir sería sensiblemente inferior (337,25 €/mes, que tras el decreto de julio de 2012 se convertirían en 268.79 €/mes, lo que supone un ahorro neto de 183,44 €).

 Si lo que percibía era una prestación vinculada –es decir, pagaba un servicio por sí mismo, el máximo a percibir en el grado III-2 ascendía a 833,96 €/mes, mientras que en el grado II-2 la cuantía bajaba a 462,18 €/mes. (Tras el Decreto Ley de julio de 2012 la cuantía para el grado III de vinculada pasó a ser de 715,07 € y de 426,12 € para el grado II). En el caso de que la persona recibiera un servicio de ayuda a domicilio, la bajada de grado puede conllevar bajada de intensidad horaria de atención con l consiguiente ahorro para la administración autonómica. Es cierto que la rebaja de grado supone también una merma en la entrada de recursos estatales, pero ciertamente compensa. Por el dependiente de grado III-2 con cuidados familiares a la fecha indicada, la C.A. recibiría 231,28 €/mes y una rebaja de grado daría lugar a percibir únicamente 89,38 €/mes (II-2), con una merma de ingresos de 141,9 €/mes pero con una “ganancia” neta mínima de 41,54 €/mes que se acrecentaría en función del descuento practicado (“copago”) a la prestación económica.

       Finalmente, las bajas (fallecimientos sobre todo) no se reponen con nuevas valoraciones de grado III (tasa de reposición negativa) debido muy posiblemente a la modificación del baremo que en estos momentos dificulta la entrada de grandes dependientes al sistema (RD. 174/2011, de 11 de febrero de Baremos de Dependencia que entró en vigor el 12 de febrero de 2012) unida a la lentitud o ausencia de revisiones de los Grado II para pasar a Grado III

En cuanto a las implicaciones económicas para la Administración General del Estado, bajo una hipótesis de plena atención (si se atendiera a los grandes dependientes que están en espera), es evidente que se reducen paulatinamente las transferencias a las CCAA por el Nivel mínimo devengado por las personas con grado III por dos razones: por un lado su evidente disminución en número; por otro lado, la reducción de las aportaciones que se produjo en julio de 2013 con efectos de agosto.

Si en los meses de octubre de 2011 a febrero de 2012 la AGE debía transferir a las CCAA más de 90 millones de euros por el Nivel Mínimo relativo a las personas con grado III de dependencia, se ha llegado –desde julio de 2013- a reducir esas cuantías a menos de 70 millones. Así el ahorro acumulado en el periodo para la AGE ascendería a 25 millones de euros que podríamos rebajar a 23 millones considerando un 10% de grandes dependientes sin PIA.

La evolución del número de grandes dependientes provocan un recorte en los presupuestos generales del Estado y un mayor quebranto económico en las CCAA.

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