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El Gobierno autonómico adjudicó en 2013 contratos por 187 millones de euros que incorporaron aspectos sociales para favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables

El Consejo de Gobierno ha conocido el balance de aplicación en 2013 del acuerdo, de julio de 2012, por el que la Junta de Castilla y León se comprometía a incorporar aspectos sociales a los procedimientos de contratos públicos de la Administración de la Comunidad. Así, 187 millones de euros contratados a lo largo de 2013 por el Ejecutivo Autonómico incluyen cláusulas sociales que favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables –personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social-, poniendo especial énfasis en la contratación con los Centros Especiales de Empleo.

En este primer año completo de aplicación del acuerdo, las distintas consejerías han adjudicado durante 2013 contratos a empresas por valor de 181,1 millones de euros que incorporan cláusulas sociales para fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad. Y, además, ha reservado contratos por valor de más de 5,9 millones de euros para los Centros Especiales de Empleo (CEE).

Se trata de las dos actuaciones fundamentales que incluía ese acuerdo, que vincula a todos los órganos de contratación de la Administración Autonómica y que responde a un compromiso expresado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Ambas medidas persiguen inculcar una perspectiva social en la contratación de la Administración Autonómica. A pesar del corto periodo de tiempo de aplicación del acuerdo, se ha conseguido dar ese giro a buena parte de los contratos y generalizar prácticamente la incorporación de las cláusulas sociales en la contratación de la Administración de Castilla y León.

Centros Especiales de Empleo

El compromiso de la Junta de Castilla y León era reservar el 6,5 % del importe total de los contratos de la Administración Autonómica de un catálogo de actividades –limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras- a los Centros Especiales de Empleo. Si se compara con la contratación total de estas actividades a lo largo de 2013, se observa que la reserva de contratos supone un 10,9 % de esa contratación, lo que supone que se ha superado en cuatro puntos el objetivo comprometido inicialmente.

Casi el 80 % del importe total de los contratos corresponde a lavandería y limpieza, si bien destaca un aumento en otro tipo de actividades respecto a la contratación de 2012, tales como imprenta, gestión, mantenimiento general, venta y distribución.

A esta iniciativa, en consonancia con la Ley de Igualdad de Oportunidades de personas con discapacidad, se suma el programa que la Junta desarrolla con entidades del sector de la discapacidad mediante la financiación de itinerarios personalizados para el empleo. El objetivo es que personas con discapacidad logren una adecuada capacitación que les permita establecer un proyecto de vida, participar en la economía y en la sociedad, y que den el salto desde la etapa educativa hasta el mercado laboral.

El giro dado a la forma de concebir la contratación de la Administración Autonómica y los itinerarios personalizados para el empleo están teniendo un claro reflejo en el volumen de contrataciones de personas con discapacidad tanto en los Centros Especiales de Empleo como en las empresas ordinarias. Esto ha supuesto 1.280 contratos a personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo o en empresas ordinarias en 2013.

Esta apuesta de la Junta de Castilla y León contribuye a dar estabilidad al empleo y a generar puestos de trabajo entre el colectivo de personas con discapacidad, pero además supone beneficios sociales, laborales y económicos. Todo ello ha contribuido a que Castilla y León ocupe el segundo lugar de España en porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en Centros Especiales de Empleo y que registre una tasa de actividad de este colectivo más elevada que la media nacional.

Cláusulas sociales en la contratación general

El objetivo del acuerdo de julio de 2012 es, sin embargo, más amplio. Se trata de impulsar en las empresas una visión más social y, para ello, la Junta de Castilla y León prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Los datos demuestran que se incorporan cláusulas sociales en más del 64 % del importe total de la contratación -181,1 millones de euros en 925 contratos- realizada a lo largo del pasado ejercicio.

Hay cláusulas sociales que establecen alguna consideración especial a las empresas que cumplan determinados aspectos sociales, como por ejemplo superar el porcentaje mínimo legal de personas con discapacidad en su plantilla. Pero también se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares otras condiciones especiales, entre ellas, que la plantilla esté formada por un porcentaje de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo, de desempleados o que presenten importantes dificultades de empleabilidad.

También valora que la plantilla cuente con personas que perciban la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes de entre 16 y 30 años que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que estén en proceso de rehabilitación y reinserción social, o parados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años.

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