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Más de 23.600 castellano y leoneses se benefician de las ayudas de emergencia para paliar su situación de vulnerabilidad ante la crisis

Crecen un 15,5 % las ayudas de emergencia social concedidas en 2013 por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las corporaciones locales. La puesta en marcha de la Red de Reparto de Alimentos permite reorientar aún más estas ayudas al pago de los gastos de la vivienda. De hecho, el 56 % de las ayudas concedidas permitieron a las familias hacer frente al pago de la vivienda. Están integradas en la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades atendió las necesidades básicas de más de 23.600 castellanos y leoneses durante el pasado año. Todos ellos fueron beneficiaros de las más de 9.600 ayudas de emergencia social que la Consejería otorgó, en colaboración con las corporaciones locales, para tratar de cubrir parcial o totalmente situaciones urgentes que pueden sobrevenir a las familias, lo que representa un incremento del 15,5 % en relación a 2012.

El aumento de las necesidades hizo que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y las corporaciones locales, con las que anualmente se suscribe el Acuerdo Marco de financiación de los Servicios Sociales, incrementaran su esfuerzo presupuestario. De hecho, estas ayudas contaron el pasado año con una financiación de más de cinco millones de euros, es decir un 32 % más que el ejercicio anterior.

Estas ayudas, que son homogéneas en toda Castilla y León desde marzo de 2013, permitieron cubrir principalmente necesidades básicas de subsistencia o necesidades de vivienda, entre otras, con una cuantía máxima de hasta 3.195 euros al año (0,5 veces el IPREM anual).

La mayoría de las ayudas concedidas en 2013 permitieron paliar problemas relativos a los pagos de la vivienda. De hecho, el 56 % de ellas sirvieron a las familias para hacer frente al pago de la cuota hipotecaria, de cuotas vencidas, de levantamientos de embargos, del pago del alquiler, o para combatir lo que se ha denominado pobreza energética, ya que todas aquellas personas que se encuentran con dificultades a la hora de pagar el recibo de la luz o del agua pueden sortear esa situación gracias a las ayudas de emergencia social.

Y es que, la puesta en marcha, por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en marzo del pasado año, de la Red de Reparto de Alimentos posibilitó que se reorientaran las ayudas de emergencia al pago de los gastos que conlleva una vivienda, y no tanto a cubrir las necesidades básicas de alimentos.

Así, creció un 40 % el número de ayudas destinadas a vivienda, hasta las aproximadamente 5.400, de las que se beneficiaron más de 13.000 castellanos y leoneses. La vivienda concentró, de esta forma, 3,2 millones de presupuesto del pasado año, lo que supuso el 65 % del presupuesto destinado a las ayudas de emergencia social en 2013 y un 50 % más de lo que se gastó en 2012.

Las ayudas de emergencia que se destinaron a cubrir necesidades de alimentos se complementaron por la entrada en funcionamiento de la Red de Reparto de Alimentos. El año pasado, 2.888 hogares percibieron ayudas para cubrir necesidades básicas de subsistencia, especialmente para la compra de alimentos frescos y productos infantiles. Si a estas se suman las 2.500 familias que lograron víveres o productos de higiene gracias a la Red de Reparto de Alimentos, se observa que, por una vía o por otra, aproximadamente 5.400 familias (13.200 castellanos y leoneses) encontraron en las administraciones una ayuda para no pasar hambre.

El resto de las ayudas de emergencia social fueron destinadas a sufragar gastos menores, como puede ser la reparación de un vehículo o de un pequeño electrodoméstico.

Las ayudas de emergencia son uno de los 23 programas o servicios que incluye la Red de Protección a las Familias, creada por decreto-ley con el máximo acuerdo social del Tercer Sector, las corporaciones locales, los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social y los profesionales, y respaldada por unanimidad por las Cortes autonómicas en noviembre de 2013, para dar una respuesta “integral y única” a las familias más castigadas por la crisis.

El objetivo: garantizar las necesidades básicas de más de 100.000 castellanos y leoneses, aproximadamente 40.000 familias, y de frenar su proceso de exclusión social. Para ello, la Junta de Castilla y León se comprometió a destinar 145 millones de euros, un 30 % más que en 2013 y un 51 % más que en 2012.

¿Qué son las ayudas de emergencia social?

La Junta homogeneizó las ayudas de emergencia social en marzo de 2013 en toda la Comunidad, tras un acuerdo con los sindicatos y los empresarios en el marco del Diálogo Social. Desde entonces, las corporaciones locales deben conceder las ayudas en el plazo máximo de un mes desde que se presenta la solicitud o desde que los profesionales de los Servicios Sociales elevan de oficio la petición.

Se trata de una ayuda finalista, temporal, inembargable, de carácter extraordinario, de pago único y compatible con cualquier otro ingreso o prestación, incluida la Renta Garantizada de Ciudadanía. En ningún caso estas ayudas tienen carácter indefinido, para así evitar situaciones de cronicidad, ni pueden servir para liquidar deudas contraídas con las administraciones.

Son los profesionales de las Centros de Acción Social (CEAS) quienes estudian la situación por la que atraviesa la unidad familiar, los que elaboran un proyecto individualizado de inserción. Bajo su criterio, se otorgan las ayudas.

Son potenciales beneficiaros de estas ayudas aquellas personas en situación de urgencia social que residan en la Comunidad, al menos, durante los seis meses previos a la solicitud, salvo en el caso de emigrantes retornados o víctimas de violencia de género desplazadas de otras comunidades.

Los ingresos anuales de la unidad familiar no pueden superar la cuantía equivalente a 1,2 veces el IPREM anual, es decir, percibir menos de 8.478 euros para personas individuales. Ese límite se va incrementando en función del número de miembros, hasta un máximo de 1,8 veces el IPREM anual (11.500 euros para unidades familiares de cuatro o más miembros).

Para el cómputo de la cuantía se tienen en cuenta todos los ingresos procedentes del trabajo y de las pensiones, prestaciones o todos aquellos subsidios públicos que reciba la unidad familiar, excepto los que estén condicionados para un destino concreto, como por ejemplo la Dependencia. Se descontarán, además, los gastos ocasionados por el alquiler o la hipoteca.

Todos los beneficiaros tienen que proporcionar la información requerida, facilitar las tareas de evaluación y seguimiento, así como colaborar en su proyecto individualizado de inserción, y comprometerse a no destinar el importe de la prestación a otra finalidad distinta para la que se concedió.

Corresponde a las corporaciones locales gestionar estas prestaciones. La financiación de estas prestaciones se enmarca dentro del Acuerdo Marco de Financiación de los Servicios Sociales de la Comunidad. La Junta de Castilla y León mantiene el compromiso de cofinanciar estas ayudas en un 65 %, mientras que el 35 % restante corre a cargo de las corporaciones locales.

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