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El Consejo Económico y Social respalda el anteproyecto de Ley del Voluntariado

El Consejo Económico y Social (CES) ha respaldado el anteproyecto de Ley del Voluntariado y también el del Tercer Sector. Esta valoración positiva del CES supone un paso más en el proceso por el que debe pasar la norma hasta su definitiva aprobación.

El Consejo Económico y Social es un órgano de consulta del Gobierno que está integrado por representantes de los sindicatos, las empresas y también del sector agrario, pesquero, consumidores y personas expertas del entorno de la economía social. Tras más de un mes de estudio y valoración, este organismo  ha hecho una valoración positiva de los dos anteproyectos de ley y anima al Gobierno a su aprobación.

Con las nuevas normas se refuerza el papel de las organizaciones sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el campo de los servicios sociales (lucha contra la pobreza, apoyo a los colectivos vulnerables, etcétera.) y salen reforzados los derechos y deberes de los voluntarios y de las entidades en las que participan, ya que se definen su concepto, su radio de actuación, la conexión con las administraciones y la nueva opción que se abre para que empresas y universidades promuevan iniciativas de voluntariado.

La solidaridad, el compromiso con la igualdad y con la justicia social, y la participación ciudadana tienen en España un reflejo claro en el llamado Tercer Sector de Acción Social. En nuestro país hay alrededor de treinta mil entidades sociales y su actividad representa casi un 2 por 100 del PIB. Generan, además, puestos de trabajo: casi 636.000 personas trabajan en dicho ámbito, un 3,5 por 100 del empleo español.

Se trata de una vía de acción ciudadana alternativa, y a veces complementaria, a la que establecen las Administraciones, y siempre con un foco nítido: ayudar a los grupos sociales excluidos o en riesgo de exclusión. Su labor enriquece la ejecución de las políticas contra la pobreza, pero no sólo eso: también impulsan la inclusión y la integración y son actor principal en la concienciación y sensibilización ciudadana.

Sin embargo, la regulación que las ampara no resulta adecuada, se hace necesario un nuevo marco y de ahí el Anteproyecto hoy autorizado por el Consejo de Ministros. Su finalidad consiste en fortalecer la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante las administraciones públicas, dotarle de un marco normativo pegado a la realidad actual y garantizar su participación en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas orientadas a apoyar a los colectivos que lo requieren.

Sobre la base de la ya constituida, en febrero de 2013, Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, la nueva Ley define el Tercer Sector de Acción Social como el conjunto de organizaciones de carácter privado, sin ánimo de lucro y surgidas de la iniciativa ciudadana o social que buscan objetivos de interés general a través de la solidaridad y participación. Deberán tener personalidad jurídica e integrar el voluntariado en el desarrollo de sus actuaciones.

A partir de este punto, se concretan sus principios, que son la participación democrática de sus miembros, el carácter altruista, la transparencia en la gestión, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad y la no discriminación y el establecimiento de fines socialmente relevantes.

Consejo económico y social

El Consejo, de acuerdo con su Ley de Creación, tiene encomendada una actividad consultiva en relación con la función normativa del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, que se realiza a través de los Órganos Colegiados de esta institución.

Además de esta labor consultiva, el CES lleva a cabo una actividad de carácter institucional tanto en el ámbito nacional como en el  internacional, con la que se pretende reforzar su presencia en el entramado institucional, colaborando en la difusión del análisis y debate sobre las materias que son de su competencia.

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