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Supone incrementar en un 5 % las cuantías mensuales que estaban recibiendo antes de la crisis para que puedan adquirir un servicio profesional. De esta forma, un dependiente de la Comunidad percibirá al mes un 24 % más que en otras comunidades autónomas, según explicó Milagros Marcos, consejera de Familia

37.000 personas podrán compatibilizar simultáneamente la ayuda que reciben por cuidados familiares con otras ayudas para adquirir un servicio profesional

Un acuerdo firmado entre los miembros de la mesa del Diálogo Social permitirá que alrededor de 37.000 personas que actualmente tiene reconocida por la Ley de Dependencia la prestación de cuidados en el entorno familiar, puedan compatibilizar ésta ayuda con prestaciones de servicios profesionales. Es decir que una persona con alzhéimer, atendida por su marido, cuidador no profesional con la ayuda de la Norma, tendrá además derecho a ayuda a domicilio, o terapias en un centro de día, por ejemplo. 

Se calcula que con esta medida de modificación de la Dependencia, única a nivel estatal, y que contará con una financiación extraordinaria provenientes de la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera en 2015,  se logre la creación de 8.000 puestos de trabajos dentro del sector de los Servicios Sociales.

Es decir, 37.000 personas podrán compatibilizar simultáneamente la ayuda que reciben por cuidados familiares con otras ayudas para adquirir un servicio profesional: ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal o centro de día. Esto supone incrementar en un 5 % las cuantías mensuales que estaban recibiendo antes de la crisis para que puedan adquirir un servicio profesional. De esta forma, un dependiente de la Comunidad percibirá al mes un 24 % más que en otras comunidades autónomas. La orden se ha elaborado sobre la base del acuerdo con el Diálogo Social.

Con la nueva orden, ya publicada, las personas de grado III que cuentan con cuidados en el entorno familiar percibirán hasta 479 euros al mes, frente a los 388 euros de otras autonomías, para que cuenten también con servicios profesionales. Por su parte, los de grado II pasarán a percibir un máximo al mes de 332 euros -63 euros más que en otras comunidades-. Y los de grado I recibirán 189 euros mensuales – 36 más que en el resto de España-.

Se trata de una demanda histórica de las personas que han optado por los cuidados en el entorno familiar que sufrieron una merma en la aportación que recibían en la apoartación como consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia incluida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Es decir, por acuerdo del Gobierno central y de otro 15 por ciento por decisión del Ejecutivo autonómico para potenciar las prestaciones por los servicios profesionales veían reducida en un 30 por ciento el dinero que recibían.

Una medida, que según la propia administración regional ha permitido “garantizar el futuro de los Servicios Sociales en la región”, que ha cambiado el sistema, ha llevado a la adaptación de las residencias a centros multiservicios.

Servicios como el de centro de día, terapias ocupacionales o fisioterapia, que ahora podrán compatibilizar con la ayuda de cuidados en el entorno familiar hasta completar el porcentaje de apoyo perdido en estos tres años. El acuerdo entre patronal, sindicatos y Junta también recoge medidaa que afectan a la ampliación de la renta Garantizada de Ciudadanía, ampliando su acción protectora a aquellas personas y familias que, cumpliendo el resto de los requisitos, están percibiendo el subsidio parcial por desempleo, haciendo compatibles ambas prestaciones hasta el importe máximo de la Renta. que tiene 7.000 beneficiarios potenciales. Así como otras destinadas al sistema educativo, al alquiles de viviendas, al sector forestal y a la procedencia de fondos.

OPINIONES. Para Francisco Sardón, es presidente de PREDIF y de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) de Castilla y León esta medida es muy positiva,  y especialmente beneficiosa para las familias. “Noso-tros siempre hemos apostado por una Ley de Dependencia flexible, favorable a las personas con discapacidad y estamos a favor de las medidas que se adapten. Tiene que ser un sistema vivo. Porque las personas con discapacidad tenemos las mismas necesidades en todas las épocas del año y en todas las épocas de la vida”, señalaba. Sardón añadía que “ahora que existe un catálogo el reto está en ofrecer más financiación, en la medida que la recuperación económica lo haga posible para que sea un sistema equitativo”.

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