La discriminación hacia la población migrante continúa siendo una realidad estructural en el medio rural español. Así lo advierte el Centro de Desarrollo Rural Carrión de los Condes, que alerta de la persistencia de obstáculos graves para el acceso a derechos fundamentales como el empleo, la vivienda, la sanidad o la educación, una situación que se agrava en el caso de las personas en situación administrativa irregular y, de manera especialmente preocupante, entre las mujeres migrantes.
Esta realidad queda reflejada en el informe Perspectiva sobre vulneraciones de derechos de las personas migrantes en el medio rural, elaborado a partir del trabajo conjunto de doce centros de desarrollo rural vinculados a COCEDER. El análisis muestra que las vulneraciones detectadas no responden a hechos aislados, sino a dinámicas repetidas de exclusión, invisibilidad social y desprotección, con efectos directos en la vida cotidiana de miles de personas.
Entre las situaciones más frecuentes destaca la explotación laboral, especialmente en entornos rurales donde la escasez de empleo, la dispersión territorial y la falta de control favorecen los abusos. Jornadas excesivas, salarios por debajo del mínimo legal, ausencia de descansos, amenazas o retención de documentación configuran un escenario de dependencia extrema respecto a la persona empleadora. Las mujeres migrantes concentran los mayores niveles de vulnerabilidad, principalmente en el sector de los cuidados, donde el trabajo interno y la falta de regulación efectiva incrementan el riesgo de abuso, incluida la explotación sexual.
El informe también alerta del incremento de discursos de odio, particularmente en redes sociales, donde se ha detectado un aumento significativo de mensajes racistas y xenófobos. Esta normalización del rechazo alimenta un clima social que legitima actitudes discriminatorias y dificulta la convivencia en los pueblos.
En el ámbito de los servicios públicos, las entidades sociales identifican trabas recurrentes para el ejercicio de derechos básicos: dificultades para empadronarse, barreras administrativas en el acceso a la sanidad o a ayudas educativas, ausencia de canales de denuncia seguros para personas en situación irregular y una insuficiente formación en diversidad cultural e interculturalidad en muchos servicios de atención.
La realidad en el entorno rural palentino
Desde el CDR Carrión de los Condes se subraya que estas problemáticas también están presentes en el medio rural palentino, donde se han detectado casos de discriminación, dificultades de acceso a servicios esenciales y agresiones vinculadas al origen o al idioma. Frente a ello, la entidad destaca el valor del acompañamiento comunitario y del trabajo social de proximidad como herramientas clave para prevenir nuevas vulneraciones y fortalecer la cohesión social.
El informe se enmarca en el programa estatal Ciudadanía Inclusiva, combatiendo el racismo y la xenofobia en el medio rural, impulsado por COCEDER y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con cargo al 0,7 % del IRPF.
Desde el CDR Carrión de los Condes se insiste en la necesidad de reforzar las políticas públicas, mejorar la formación de los profesionales de los servicios públicos y garantizar espacios reales de escucha y acompañamiento. Solo así, subrayan, será posible avanzar hacia pueblos más justos, inclusivos y respetuosos con los derechos humanos.
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