El Congreso aprueba una norma que incorpora el Comercio Justo como sector estratégico, con el objetivo de impulsar modelos de producción responsables y reforzar la compra pública ética.
El Comercio Justo reconocido en la Ley de Economía Social impulsa su papel estratégico
MADRID, 27 de marzo de 2026. La nueva Ley Integral de Economía Social, aprobada por el Congreso, reconoce por primera vez el Comercio Justo como sector propio dentro de este ámbito, consolidando su papel como herramienta clave para promover modelos de producción y comercialización más responsables, sostenibles y equitativos.
La norma define explícitamente las entidades vinculadas a esta actividad y sitúa al Comercio Justo como palanca de transformación hacia una economía alineada con los principios sociales, laborales y medioambientales, en un contexto de transición socioecológica.
Un marco legal que refuerza la transición socioecológica
El impulso institucional al Comercio Justo
El Artículo 8 de la ley establece que los poderes públicos deberán incluir entre sus objetivos la promoción del Comercio Justo como sector estratégico. Esta disposición introduce un cambio relevante en la política económica al vincular directamente este modelo con la transición hacia sistemas productivos más sostenibles.
Además, la normativa incorpora una definición precisa de las entidades de Comercio Justo en su disposición adicional, destacando su función en la mejora de la equidad global, la sostenibilidad ambiental y la transparencia en las relaciones comerciales internacionales.
Condiciones dignas y producción sostenible
El modelo que recoge la ley se fundamenta en:
- Garantía de salarios dignos para las personas productoras
- Respeto a los derechos laborales y sociales
- Eliminación de prácticas como la explotación infantil
- Igualdad de género en la cadena de valor
- Métodos de producción respetuosos con el medio ambiente
Estos principios consolidan al Comercio Justo como una herramienta estructural para corregir desequilibrios en el comercio global.
Un sector con margen de crecimiento en España
Actualmente, el Comercio Justo en España registra una facturación anual cercana a los 158 millones de euros, con un gasto medio por habitante de 3,20 euros, cifras que reflejan un desarrollo todavía limitado en comparación con otros países europeos.
El caso de Francia, que incorporó este modelo en su legislación en 2014, evidencia el potencial de crecimiento: allí el gasto medio alcanza los 30 euros por habitante, tras un desarrollo sostenido del sector.
Declaraciones del sector: “un avance histórico”
Marta Mangrané, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, subraya el alcance de la medida:
“Este reconocimiento debería ser catalizador para impulsar el potencial de este modelo que ha tenido durante décadas impacto en personas productoras y territorios del Sur Global pero que también fomenta iniciativas de comercio justo local”.
Asimismo, añade:
“Coincidiendo con el 40 aniversario del Comercio Justo en España, el reconocimiento de este modelo supone un avance histórico para el movimiento. Esperamos que este nuevo marco legislativo facilite la incorporación del Comercio Justo en la compra responsable de actores públicos y privados”.
40 años de trayectoria y un nuevo escenario
La aprobación de la ley coincide con el 40 aniversario del movimiento de Comercio Justo en España, desde la apertura de la primera tienda especializada en el país. Este hito refuerza el carácter simbólico de una medida que el sector considera clave para su consolidación.
Compra pública y consumo responsable
La nueva normativa abre la puerta a:
- Mayor incorporación del Comercio Justo en la contratación pública
- Impulso a políticas de compra responsable en empresas
- Acceso más amplio de la ciudadanía a productos sostenibles
El reconocimiento institucional busca, en última instancia, fortalecer un modelo económico centrado en las personas, el trabajo digno y el desarrollo sostenible.
Claves del modelo de Comercio Justo
El Comercio Justo se articula como un movimiento internacional que promueve:
- Relaciones comerciales estables y transparentes
- Precios justos para productores
- Democracia en la toma de decisiones
- Libertad sindical
- Producción ecológica y respeto a la biodiversidad
Este enfoque lo posiciona como una herramienta de transformación estructural tanto en el ámbito global como en las economías locales.
gacetadecastillayleon 