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En pleno siglo XXI, cuando las democracias consolidadas proclaman su lealtad a la equidad, la solidaridad entre generaciones y los derechos fundamentales, persisten situaciones que quebrantan, de forma alarmante, la dignidad de las personas mayores. No se puede obviar que la mayoría de los centros residenciales en nuestra Comunidad Autónoma operan bajo principios de respeto, vocación y profesionalidad. Muchos constituyen verdaderos espacios de acompañamiento, atención sanitaria de calidad y cuidado afectivo, sobre todo para quienes han perdido el respaldo familiar o presentan altos grados de dependencia. Sin embargo, sería un ejercicio de irresponsabilidad utilizar el buen funcionamiento de la mayoría como pretexto para no escrutar aquellos casos que evidencian fallos del sistema. La sociedad tiene un deber ineludible con sus mayores. No únicamente por lo que representaron en la construcción del país —económica, educativa y democráticamente—, sino porque su vulnerabilidad actual los convierte en sujetos prioritarios de protección. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a una existencia decorosa en la tercera edad, incluyendo el acceso a vivienda adecuada, alimentación suficiente, asistencia sanitaria y respaldo social. España ha suscrito tratados internacionales que ratifican dicho principio, como el Protocolo de San Salvador o la Carta Social Europea. No obstante, la aplicación efectiva de estas normas sigue siendo, en demasiadas ocasiones, desigual y dependiente del entorno socioeconómico o del municipio de residencia. El trato digno no es una concesión ni un gesto voluntario: es una obligación jurídica, ética y moral. Toda forma de sujeción física carente de justificación médica o sin supervisión facultativa constituye una transgresión de derechos fundamentales. Pero, atención, no existe política pública eficaz sin implicación ciudadana. El trato respetuoso a los/as adultos/as no puede ser una aspiración impuesta exclusivamente desde las administraciones, sino una responsabilidad compartida. La sociedad civil debe asumir un papel activo: familiares, allegados, vecinos, profesionales, voluntarios y nosotros, los propios medios de comunicación. No se puede generalizar un maltrato en todos los centros, y tratar con excepcionalidad cada caso, pero no se puede obviar ni utilizar de manera sensacionalista. Hay que respetar desde la imagen individual de la persona hasta la del colectivo. Porque las profesionales que trabajan en infraestructuras residenciales merecen el mayor de los respetos, y la mayor visibilidad posible, desde la dirección hasta la limpiadora, y condenando a todos por un caso se está cometiendo la mayor injusticia del mundo, junto con la del maltrato. Las unidades convivenciales, el cohousing, los centros integrados en barrios y los proyectos intergeneracionales son modelos probados y eficaces. No todo depende de la dotación económica: también hacen falta planificación, liderazgo y diálogo con todos los agentes implicados, y cambio en las Leyes como se está produciendo. Pero ojo, como familiares, tenemos que ser conscientes de que si ‘rateamos’ en los precios, si como sociedad, hijos, nietos, queremos gastarnos lo mismo en un mes de atención que en una plaza de garaje estamos muy equivocados. La inversión pública y privada que hay que hacer para garantizar la calidad de los servicios tiene que ir de la mano de la concienciación de que las presonas no son un gasto, ni un banco sobre el que después recibir la herencia. La dignidaidad no debería medirse por el egoismo, sino por la solidaridad tanto en el entorno familiar como en el del Estado de Bienestar, y por favor, con una financiación digna dentro de los Presupuestos Generales del Estado para que nadie se quede fuera. Cuidar es respetar, proteger, acompañar durante toda la vida.

12 octubre, 20254 octubre, 2025edm comunicación y edición SL

El compromiso con la dignidad

ESTHER DUQUE En pleno siglo XXI, cuando las democracias consolidadas proclaman su lealtad a la equidad, la solidaridad entre generaciones y los derechos fundamentales, persisten situaciones que quebrantan, de forma alarmante, la dignidad de las personas mayores. No se puede obviar que la mayoría de los centros residenciales en nuestra Comunidad Autónoma operan bajo principios […]

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