Cooperación: una política determinante en un mundo en crisis

El 8 de septiembre se celebra en España el Día del Cooperante, conmemoración de carácter  anual desde que, en 2006, se estableciera esta fecha por Real Decreto coincidiendo con el sexto aniversario de la  firma de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas el año 2000. 

En el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes se les define como aquellas personas físicas que participen en la ejecución, sobre el terreno, de un determinado instrumento de  cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda” y que tienen “una relación jurídica con una entidad promotora de la cooperación para el desarrollo o la acción humanitaria, en los términos que se señalan en el artículo  3 de este real decreto. 

Según datos del último informe de la Coordinadora estatal de ONGD, 734 personas españolas trabajan como  cooperantes en 114 países. Por comunidades autónomas, el colectivo más numeroso corresponde a la Comunidad de  Madrid (19% del total), seguido por Castilla y León (14%), Cataluña (13%) y Andalucía (11%). 

Las consecuencias de la pandemia, el cambio climático y los conflictos bélicos están causando graves daños en la vida  de millones de personas. Países que ya enfrentaban graves problemas económicos, medioambientales, sanitarios o  educativos están viendo empeorar sus entornos. Es especialmente preocupante la situación de las mujeres; los  feminicidios, las violencias de género y la restricción de sus derechos se están aumentando en todo el mundo.  

También preocupa la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y de los territorios; según datos  de Front Line Defenders, el año pasado 331 persona fueron asesinada en todo el mundo. 82 millones de personas se  han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo del conflictos y miseria, una cifra que, tras la llegada de los  Talibanes a Kabul, crecerá notablemente. La pandemia y las restricciones de movilidad han sido aprovechadas en  muchos casos para limitar el derecho de movilización y la libertad de expresión. En este contexto, la cooperación  es una política fundamental para apoyar a la sociedad civil, promover la garantía de los derechos humanos y sostener  condiciones básicas de vida. 

En 2021, desde Coodecyl tenemos un especial recuerdo para dos cooperantes españolas: Primero para María  Hernández, cooperante de Médicos sin Fronteras -con raíces en Sanchotello (Salamanca)- que fue asesinada a  finales de junio en la región etíope de Tigray; segundo para Juana Ruiz, coordinadora de proyectos internaciones  de la ONG Comités de Trabajo para la Salud, afincada en Palestina desde 1985 y detenida a principios de abril por el  gobierno israelí acusada de pertenencia a una organización ilegal. 

Visitamos Honduras, Congo y Mali, de la mano de tres cooperantes, para analizar la situación que se vive en estos  países y mostrar el trabajo que se realiza desde la cooperación. 

Honduras. Beatriz Barrientos, cooperante de Justicia Alimentaria.  

Contexto. La pandemia ha colapsado el sistema de salud hondureño, que ya se encontraba en condiciones precarias.  El 75% de la población está en una situación de pobreza. El 90% de la población de Centro América reside en zonas  del Corredor Seco y son quienes sufren los fenómenos climatológicos más extremos del mundo; se vive una crisis  humanitaria sin precedentes. Si esta situación no cambia se estima que para el 2050, unos 1,4 millones de personas  centroamericanas serán migrantes climáticas. 

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Debilidad democrática. Los gobiernos de la región han tomado posiciones represivas con las críticas ciudadanas. La  persecución y judialización de las voces alternativas ha hecho aumentar sustancialmente el número de presas y  presos políticos. Existe, incluso, una persecución de las ONG internacionales y a su actuación.  

Justicia Alimentaria apoya a organizaciones campesinas hondureñas con el fin de fomentar un modelo de  agroecología sostenible y viable que rompa con la dependencia y sea una alternativa frente al agronegocio que expolia  los recursos del país, con la complicidad del Gobierno. Justicia Alimentaria, apoya los procesos de fortalecimiento de la  población organizada y sus demandas para la garantía de sus derechos.  

Como cooperante, Beatriz Barrientos considera que la cooperación tiene un papel muy relevante a la hora de  denunciar internacionalmente situaciones en las que se violan derechos humanos; tanto por parte de los Estados, que  niegan las capacidades de actuación y propuestas ciudadanas; como por parte de las empresas nacionales e  internacionales que explotan recursos sin cumplir sus obligaciones ambientales y sociales. 

República Democrática del Congo (RDC). Ernesto Urbano, Farmamundi 

Contexto. Con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.459, el país ocupa el puesto 179 (de 188) de la clasificación  de Naciones Unidas. Además, tiene un índice de desigualdad de género (IDG) de 0.85, por lo que es considerado el  peor país de la región para ser mujer. La fragilidad del sistema de salud, la elevada cantidad de personas desplazadas  y la inestabilidad generalizada hacen de RDC uno de los países más expuestos a la propagación del Covid-19. La  naturalización y generalización de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y en especial, la  violencia sexual, es uno de los problemas más preocupantes en el país. 

Farmamundi trabaja con organizaciones locales para garantizar el derecho a la salud en Kivu Norte, una zona  caracterizada por la inestabilidad y la debilidad institucionalidad. Una de sus principales líneas de trabajo es la  promoción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, incidiendo en la protección y restitución de  derechos de sobrevivientes de violencia sexual. Fortalecen la cobertura y la calidad de la atención prestada desde los  centros de salud comunitaria en salud sexual y reproductiva. También trabajan en la prevención de enfermedades de  transmisión sexual y, principalmente, el VIH-Sida.  

Ernesto Urbano considera que “ahora más que nunca, la cooperación es vital para reducir la pobreza y las  desigualdades. Para ello, necesitamos la implicación de toda la sociedad, de las administraciones públicas, del sector  empresarial y, como no, de las ONGD. El aplomo y el empuje de las mujeres con las que trabajamos en el país me  hace ser más luchador y optimista, me motiva a seguir trabajando por mejorar la salud de muchas más personas y  poner mi granito de arena para intentar frenar la violencia sexual y restituir los derechos de mujeres y niñas  sobrevivientes”. 

Mali. Susana Otero, cooperante de ONG Rescate Internacional 

Contexto. El impacto del cambio climático en Mali es extremo; esta situación, tal como denuncia la maliense Aminata  Traoré, es una de las causas del conflicto que afecta al norte del país. El país ha vivido diversas crisis políticas en los  últimos tiempos; la escasez de alimentos se arrastra desde hace años. Mali es uno de los países más pobres del  mundo; el 78,5% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. El 60 %de la población vive en las zonas rurales,  donde la agricultura y el agropastoreo son las principales ocupaciones.  

Rescate Internacional trabaja con colectivos pastores y agropastores en la región de Kayes, para mejorar el acceso  al agua y al pasto de manera que no entren en conflicto con la población agricultora que también necesita esos  recursos. Esta región no se ve directamente afectada por el conflicto armado, aunque sí sufre directamente el impacto  del cambio climático (como lluvias torrenciales que destrozan las modestas infraestructuras). El foco de su trabajo está  en las mujeres pastoras que mantienen a sus familias; el acceso alfabetización es fundamental para garantizar una  buena gestión económica de sus actividades.  

Como cooperante, Susana Otero demanda que las autoridades asuman sus compromisos y lleven a cabo acciones  concretas que mejoren las condiciones de vida en los países más empobrecidos como son los del África subsahariana.  

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