Esther Duque
La violencia de género no es solo un problema de seguridad pública; es un fenómeno estructural con ramificaciones económicas, sanitarias y sociales. Los datos de la Macroencuesta revelan una dimensión abrumadora: el 32,4% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de una pareja o expareja a lo largo de su vida, y más del 57% ha experimentado algún tipo de ataque.
Estos porcentajes nos obligan a mirar más allá de las asesinadas. Por cada una de ellas, hay cientos que sobreviven pero cargan con las secuelas físicas y psicológicas del maltrato. El impacto económico estimado de la violencia machista en España alcanza cifras multimillonarias cuando se contabilizan los costes sanitarios, laborales, judiciales y sociales. En Castilla y León, una autonomía que ya enfrenta desafíos demográficos y de despoblación, perder o limitar el potencial de miles de ciudadanas por culpa de las agresiones es un lujo que no podemos permitirnos.
La sensibilización social sigue siendo la gran asignatura pendiente. No basta con campañas en fechas señaladas como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. La educación en igualdad debe integrarse de manera transversal en el sistema educativo desde la infancia, trabajando sobre los roles de género, el concepto de consentimiento, la resolución no violenta de conflictos y el respeto mutuo.
Los centros de crisis 24 horas “Atiendo”, implantados recientemente para aquellas que sufren violencia sexual, representan un avance significativo. Sin embargo, su existencia plantea una pregunta incómoda: ¿por qué fue necesario llegar a 2025 para que todas las ciudadanas españolas contaran con este recurso básico? La respuesta evidencia décadas de relegación de las políticas de igualdad a un segundo plano.
Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad ineludible en la construcción del relato sobre la violencia de género. Debemos abandonar definitivamente los eufemismos, las narrativas que exculpan al agresor, la romantización de los celos o el control. Cada titular importa. Cada noticia puede contribuir a perpetuar estereotipos o a desmantelarlos.
Igualmente crucial es la formación específica de profesionales. Los agentes de policía local que se integrarán en VioGén necesitan capacitación especializada para identificar señales de riesgo, tratar con aquellas que están traumatizadas y actuar con la urgencia que cada caso requiere. Lo mismo aplica para personal sanitario, docente, judicial y de servicios sociales. Es una cuestión multidisciplinar que exige respuestas coordinadas y expertas.
La violencia de género no es un problema de mujeres. Es un asunto de estado, que requiere un compromiso inequívoco de instituciones, medios, educadores, empresas y ciudadanía. Cada feminicidio es un fracaso colectivo que nos interpela como comunidad.
La Comunidad tiene la oportunidad de convertirse en referente en la lucha contra la lacra social. Cuenta con las herramientas normativas, está desarrollando los recursos asistenciales y mantiene un diálogo institucional activo. Ahora falta lo más difícil: cambiar mentalidades, desmantelar estructuras patriarcales arraigadas durante siglos y construir una cultura de igualdad real.
Mientras haya una sola asesinada, una sola orden de protección denegada, una sola víctima sin recursos, el trabajo no está completo. Las cifras importan, sí, pero mucho más importan las vidas que hay detrás de cada número. Y estas merecen una Castilla y León que no solo legisle contra la violencia, sino que la haga imposible.
Si eres víctima de violencia de género o conoces algún caso, llama al 016 (no deja rastro en la factura telefónica). También está disponible el número de WhatsApp 600 000 016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.
En caso de emergencia, 112.
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