ESTHER DUQUE/ DIRECTORA
Las sociedades hablan mucho de sí mismas, de su riqueza, de sus avances, de la velocidad con la que son capaces de producir, construir y consumir, hablan incluso de futuro como si el futuro fuese una mercancía más y no ese lugar incierto al que todos acabamos llegando con el cuerpo más cansado de lo que imaginábamos. Después están las otras cosas, las que apenas se nombran, quizá porque obligan a mirarse demasiado de cerca. Un hombre que ya no recuerda el nombre de su hija. Una mujer que tarda veinte minutos en levantarse de la cama porque tiene que mover primero a su marido inmóvil. Un hijo que aprende a distinguir medicamentos del mismo modo en que otros aprenden capitales o fechas históricas. Y alguien, casi siempre una mujer también, que llama por teléfono a un CEAS y antes de explicar qué necesita pide disculpas.
Castilla y León lleva años viviendo dentro de esa realidad sin necesidad de convertirla en teoría. Más de una cuarta parte de la población supera ya los sesenta y cinco años y en cientos de municipios el envejecimiento no aparece en informes demográficos porque basta salir a la calle para verlo sentado en los bancos, apoyado en bastones o esperando frente a un consultorio médico que abre dos veces por semana. Allí los servicios sociales han terminado ocupando un lugar que va mucho más allá de la administración de ayudas. Porque cuando la población envejece y las familias se reducen, cuidar deja de ser un asunto privado y empieza a convertirse en una cuestión de supervivencia colectiva.
Hay miles de profesionales sosteniendo diariamente esa estructura. Trabajadoras sociales que conocen de memoria historias familiares enteras porque llevan décadas entrando en las mismas casas. Auxiliares de ayuda a domicilio que recorren kilómetros para asistir durante cuarenta minutos a personas cuya única conversación del día será precisamente esa. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, gerocultores, personal de coordinación, todos ellos enfrentándose a una forma de desgaste que raramente aparece en las estadísticas y que consiste en convivir diariamente con la fragilidad ajena sin permitirse el lujo de endurecerse demasiado.
La Comunidad mantiene una de las mayores redes de atención social del país, con más de ciento ochenta Centros de Acción Social distribuidos por el territorio y decenas de miles de personas atendidas mediante ayuda a domicilio, teleasistencia, dependencia y programas especializados vinculados al Alzheimer, la ELA o el deterioro cognitivo. Pero las cifras sirven de poco si no se comprende lo que verdaderamente contienen. Porque detrás de cada expediente hay alguien que ha tardado meses en aceptar que necesitaba ayuda. Detrás de cada prestación reconocida hay familias agotadas antes incluso de pronunciar la palabra agotamiento.
Durante mucho tiempo se creyó que cuidar consistía únicamente en resistir. Resistían las hijas, resistían las esposas, resistían las madres, resistían incluso quienes ya no podían más. Ahora empezamos lentamente a entender que ninguna sociedad puede sostenerse sobre el agotamiento silencioso de quienes cuidan. Y quizá ahí reside una de las tareas más difíciles de los servicios sociales, entrar en lugares donde la vulnerabilidad lleva años instalada y hacerlo sin convertir a nadie en una carga ni en un número.
Porque hay algo profundamente serio en la manera en que una comunidad acompaña a quienes envejecen, enferman o dejan de poder solos. Ahí desaparecen los discursos brillantes y quedan únicamente las personas. Quien ayuda a comer. Quien escucha. Quien moviliza un cuerpo enfermo. Quien detecta el miedo antes de que se convierta en abandono. Quien llega. Sobre todo, quien llega.
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