La federación autonómica denuncia que las entidades sociales no cubren ni el 20% de la demanda de transporte adaptado y exige financiación estructural, renovación de vehículos y participación de las personas con discapacidad en el diseño del sistema.
IMPULSA IGUALDAD Castilla y León ha reclamado financiación estable y soluciones reales ante el déficit de movilidad que siguen afrontando las personas con discapacidad. La federación denuncia que el acceso al transporte público y privado continúa siendo una asignatura pendiente y advierte de que las entidades sociales están sosteniendo con recursos insuficientes una parte esencial de los desplazamientos que el sistema general todavía no garantiza.
Derecho
El presidente de IMPULSA IGUALDAD Castilla y León, Francisco Sardón, ha señalado que existe “un grave déficit en el transporte público y privado para las personas con discapacidad, especialmente para las personas usuarias de sillas de ruedas”. Sardón ha ampliado esta realidad al transporte a la demanda, eurotaxis, aviones, trenes, autobuses y, en general, al conjunto de la movilidad.
La federación insiste en que el problema trasciende a las personas usuarias de silla de ruedas. También afecta a quienes utilizan bastones, andadores o requieren apoyos de accesibilidad cognitiva para desplazarse con autonomía, seguridad y orientación suficiente.
La movilidad accesible se sitúa así como una cuestión de derechos. Para IMPULSA IGUALDAD, desplazarse no puede depender de la disponibilidad ocasional de un vehículo adaptado ni de la capacidad económica de cada persona o entidad.
Brecha
Las demandas se han planteado en la jornada Movilidad accesible y transporte público: la deuda pendiente con las personas con discapacidad, organizada por la confederación IMPULSA IGUALDAD bajo una premisa clara: “La movilidad no es un servicio, es un derecho. El derecho existe, pero la realidad desmonta cada día ese marco normativo”.
La entidad subraya que España cuenta con una de las legislaciones de accesibilidad más completas de Europa y, al mismo tiempo, mantiene una de las tasas de incumplimiento más elevadas. Esa distancia entre la norma y la experiencia diaria condiciona la autonomía, el empleo, la formación, la atención sanitaria, el ocio y la participación social de miles de personas.
“Queremos evidenciar este problema y empezar a construir soluciones de presente y de futuro”, ha puntualizado Sardón. La federación abre con esta jornada un proceso de construcción colectiva de propuestas para cerrar la brecha entre los derechos reconocidos y su aplicación efectiva.
Transporte asociativo
IMPULSA IGUALDAD Castilla y León advierte de que muchas personas con discapacidad solo pueden desplazarse gracias a los vehículos adaptados de las asociaciones. Esta red, imprescindible en la práctica, permanece en buena medida invisible y sin reconocimiento suficiente dentro del sistema de transporte.
Los vehículos adaptados tienen un coste que oscila entre 40.000 y 80.000 euros y se financian mediante convocatorias anuales discontinuas. La federación alerta de que este modelo genera incertidumbre, dificulta la planificación y limita la capacidad de respuesta ante una demanda creciente.
Sardón ha recordado que las entidades sociales están cubriendo muchos desplazamientos con furgonetas adaptadas, aunque en los últimos años no alcanzan la financiación necesaria “para cubrir ni siquiera el 20% de la demanda de este tipo de transporte”. Para la federación, esta situación muestra la urgencia de una respuesta pública estructural.
Financiación
La organización reclama financiación estable del transporte asociativo, convocatorias plurianuales y una línea específica de subvención para renovar vehículos adaptados. Estas medidas permitirían planificar servicios, evitar interrupciones y garantizar que las entidades puedan responder con mayor seguridad a las necesidades de movilidad.
IMPULSA IGUALDAD también exige que las personas con discapacidad participen de forma real en el diseño del sistema de movilidad. Su experiencia cotidiana resulta imprescindible para detectar barreras, corregir fallos y construir soluciones útiles.
La federación defiende que las políticas públicas deben abordar el transporte accesible desde una mirada integral. Autobuses, trenes, taxis, transporte a la demanda, aviación, información, reserva de plazas, atención al usuario, accesibilidad cognitiva y conexión entre zonas rurales y urbanas forman parte de un mismo derecho.
Autonomía
La falta de transporte accesible tiene consecuencias directas en la vida diaria. Impide acudir a una cita médica, aceptar un empleo, estudiar, realizar gestiones, participar en actividades sociales o mantener una vida independiente.
Cuando el sistema general falla, la carga se traslada a familias, asociaciones o redes informales de apoyo. Esa dependencia limita la autonomía personal y perpetúa desigualdades que la legislación ya reconoce como incompatibles con la igualdad de oportunidades.
IMPULSA IGUALDAD Castilla y León insiste en que el transporte adaptado de las entidades sociales resulta esencial en el presente, aunque no puede convertirse en la única respuesta. La movilidad de las personas con discapacidad debe estar garantizada por un sistema público accesible, coordinado y financiado.
Igualdad
La federación autonómica, integrada en la confederación IMPULSA IGUALDAD, trabaja por la mejora de la calidad de vida de más de dos millones de personas con discapacidad física y orgánica, mediante programas de asistencia personal, accesibilidad universal, turismo inclusivo, empleo e iniciativas de defensa de derechos.
Su posicionamiento ante el déficit de movilidad se enmarca en una reivindicación más amplia: la igualdad de oportunidades requiere poder desplazarse. Sin transporte accesible, muchos derechos quedan condicionados por barreras físicas, económicas, territoriales o cognitivas.
La organización reclama pasar del diagnóstico a las soluciones. La movilidad accesible necesita financiación, planificación, renovación de flotas, cumplimiento normativo y escucha directa a las personas afectadas.
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