La Comunidad eleva hasta 39.922 las plazas sufragadas con fondos públicos en residencias, centros de día y viviendas y aumenta entre un 4% y un 7% las cuantías abonadas por día de atención
Castilla y León ha incorporado desde este mes de octubre 500 nuevas plazas con financiación pública para la atención de personas mayores, dependientes y con discapacidad, que se suman a las 39.422 existentes y elevan hasta 39.922 la cobertura sufragada por la Junta en residencias, centros de día y viviendas. La medida se acompaña de un incremento de entre el 4% y el 7% en la financiación por plaza y movilizará, junto con esta actualización económica, 40 millones de euros durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.
La ampliación afecta a diferentes recursos de la red de servicios sociales de Castilla y León. En el ámbito de las personas mayores y en situación de dependencia se incorporan plazas en residencias y centros de día, mientras que para las personas con discapacidad comprende centros residenciales, atención diurna y viviendas.
La medida, anunciada por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social el pasado 1 de octubre y recogida en el Boletín Oficial de Castilla y León, combina de este modo dos actuaciones. Por una parte, aumenta el número de personas que pueden acceder a recursos financiados públicamente y, por otra, actualiza las cantidades que reciben las entidades por la prestación de estos servicios.
Castilla y León alcanza las 39.922 plazas con financiación pública
La incorporación de las 500 nuevas plazas supone un incremento de alrededor del 1,3% respecto a las 39.422 existentes hasta ahora. La ampliación busca extender la disponibilidad de recursos públicos en el territorio y reducir los desplazamientos de las personas que necesitan atención residencial o diurna cuando existe un centro próximo a su municipio.
Esta dimensión territorial adquiere especial relevancia en Castilla y León por la dispersión de la población y la estructura demográfica de buena parte de sus provincias. La disponibilidad de plazas financiadas en centros próximos al lugar de residencia condiciona la posibilidad de mantener los vínculos familiares y sociales cuando una persona necesita incorporarse a un recurso especializado.
La Administración autonómica vincula también la ampliación a la evolución de las necesidades asistenciales. El progresivo envejecimiento de la población aumenta la demanda de apoyos y, paralelamente, modifica el tipo de atención requerida, especialmente cuando aparecen patologías que necesitan una mayor especialización profesional.
En el ámbito de la discapacidad, el envejecimiento afecta tanto a las propias personas atendidas como a sus familias. La mayor edad de los progenitores puede dificultar que continúen proporcionando determinados apoyos en el domicilio, mientras que el aumento de casos complejos, entre ellos los asociados a alteraciones de conducta y enfermedad mental, requiere recursos adaptados a diferentes grados de necesidad.
La financiación por plaza aumenta entre un 4% y un 7%
La ampliación de la cobertura se produce al mismo tiempo que una actualización de las cantidades abonadas por la Administración por cada día de plaza financiada.
La resolución publicada el 1 de octubre establece un incremento general del 4% para las plazas destinadas a personas mayores y personas con discapacidad. La actualización será superior en las plazas psicogeriátricas, cuya financiación aumenta un 7% debido a la mayor complejidad de los perfiles atendidos.
La diferenciación responde al distinto nivel de recursos profesionales y asistenciales que requiere cada modalidad. Las plazas psicogeriátricas atienden situaciones que precisan apoyos específicos y una intervención de mayor intensidad, circunstancia que repercute directamente en las necesidades de personal de los centros.
El incremento económico pretende también responder a la evolución de los costes salariales del personal especializado de apoyo. Las plantillas representan una de las principales partidas de gasto de residencias y centros de día, de modo que la cuantía abonada por las plazas financiadas condiciona los recursos disponibles para sostener los equipos profesionales.
La Junta destina 40 millones a las dos medidas hasta 2027
El impacto presupuestario conjunto de las 500 nuevas plazas y la actualización de las cuantías por día de atención asciende a 40 millones de euros para el periodo comprendido entre los últimos meses de 2026 y el conjunto de 2027.
La inversión permitirá financiar simultáneamente la ampliación de usuarios cubiertos y el mayor coste unitario de las plazas. La medida afecta a la red de entidades que presta servicios residenciales, de atención diurna y de vivienda con financiación pública en Castilla y León.
La actualización adquiere una dimensión específica en el medio rural, donde la disponibilidad de profesionales especializados constituye uno de los condicionantes para mantener los servicios. La financiación de las plazas interviene directamente en la capacidad de las entidades para asumir costes laborales y sostener los equipos necesarios para prestar atención.
Más necesidades asistenciales y una atención cada vez más especializada
El aumento cuantitativo de plazas coincide con una transformación de los perfiles que llegan a los servicios sociales. Una mayor esperanza de vida prolonga también los periodos durante los que algunas personas pueden necesitar apoyos, mientras determinadas patologías asociadas a edades avanzadas exigen modalidades de atención más especializadas.
Esa evolución explica, entre otros factores, que la financiación de las plazas psicogeriátricas registre el mayor incremento, con un 7%, tres puntos por encima de la actualización general.
La misma transformación se produce en los servicios destinados a personas con discapacidad. El envejecimiento de los usuarios y de sus familias, unido a situaciones que requieren apoyos más intensivos, obliga a diversificar los recursos entre atención residencial, centros de día y viviendas.
La incorporación de las nuevas plazas desde octubre eleva así hasta 39.922 los recursos financiados por la Administración autonómica. La cobertura resultante y la actualización de las cantidades abonadas por cada plaza marcarán durante 2027 el alcance de una inversión adicional cifrada por la Junta en 40 millones de euros.
