El último informe del CSIC sitúa en el 20,7 % el peso de las personas mayores, que han aumentado en más de 250.000 durante el último año. Castilla y León figura entre las comunidades más envejecidas, mientras que las dificultades para rehabilitar las viviendas, las diferencias en las pensiones y la desigualdad digital condicionan las condiciones de vida de una población cada vez más longeva.
España ha superado por primera vez el umbral del 20 % de población mayor de 65 años, con 10.178.625 personas que habían alcanzado o superado esa edad a 1 de enero de 2025, una cifra que representa el 20,7 % de los habitantes del país y anticipa una transformación demográfica que continuará durante las próximas décadas. El último informe ‘Un perfil de las personas mayores en España, 2026’, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha constatado un incremento de 250.257 personas mayores en apenas un año, equivalente al 2,5 %, mientras que sus proyecciones sitúan a este grupo de población por encima de los 16 millones en 2046, cuando podría representar cerca del 30 % del total nacional.
La evolución de estas cifras refleja una sociedad en la que cada vez más personas alcanzan edades avanzadas, aunque las condiciones económicas, sanitarias y residenciales en las que transcurre esa etapa de la vida presentan diferencias considerables. El estudio, desarrollado por el Departamento de Población del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), ha examinado los principales indicadores relacionados con el envejecimiento y ha prestado especial atención a la vivienda, la salud, las pensiones, la utilización de las tecnologías y las desigualdades territoriales.
El aumento de la población mayor coincide con una edad media nacional que ha alcanzado los 44,55 años y con un crecimiento especialmente significativo del número de personas centenarias. Durante 2025, España ha pasado de contabilizar 15.911 habitantes de cien o más años a registrar 17.038, lo que supone un incremento del 7,1 % en un solo ejercicio. Aproximadamente ocho de cada diez centenarios son mujeres, una proporción que evidencia las diferencias de supervivencia entre ambos sexos y que adquiere una relevancia creciente conforme avanza la edad.
La previsión de que casi tres de cada diez habitantes hayan cumplido 65 años dentro de dos décadas plantea nuevas necesidades de planificación sanitaria, atención a la dependencia, accesibilidad residencial y protección económica. Sin embargo, el informe también permite observar que las personas mayores constituyen un grupo heterogéneo, con trayectorias laborales, situaciones familiares, niveles educativos y capacidades económicas diferentes, que condicionan sus posibilidades de mantener una vida autónoma.
Vivienda
Una de las cuestiones que adquiere mayor importancia en el análisis del envejecimiento es el estado de las viviendas en las que residen las personas mayores. Aunque la propiedad continúa siendo la forma predominante de tenencia entre este grupo de población, disponer de una vivienda propia no garantiza que reúna las condiciones necesarias para afrontar las exigencias de la edad o los costes asociados a su mantenimiento.
El informe señala que el 56,6 % de los hogares cuya persona de referencia tiene 65 años o más ocupa viviendas construidas antes de 1981, una circunstancia que permite comprender las necesidades de rehabilitación de buena parte del parque residencial utilizado por esta población. La antigüedad de los edificios puede implicar mayores dificultades para mejorar el aislamiento térmico y reducir el consumo energético, especialmente cuando las actuaciones necesarias requieren inversiones económicas importantes.
Durante los últimos cinco años, el 20,7 % de estos hogares ha realizado mejoras relacionadas con la eficiencia energética, mientras que otro 30,3 % considera que su vivienda necesita intervenciones de este tipo, aunque todavía no las ha acometido.
La diferencia entre quienes han podido rehabilitar sus inmuebles y quienes reconocen la necesidad de hacerlo responde principalmente a limitaciones económicas. Entre los hogares propietarios que necesitan mejoras y no las han realizado, el 74,1 % identifica el coste de las obras como el principal impedimento.
Estas cifras introducen un elemento relevante en el análisis de la situación patrimonial de las personas mayores, puesto que la propiedad de una vivienda puede coexistir con ingresos insuficientes para afrontar reformas que permitan mejorar el confort térmico, reducir los gastos energéticos o adaptar las condiciones de habitabilidad.
La rehabilitación del parque residencial adquiere así una importancia creciente en un país donde la prolongación de la vida incrementa el tiempo durante el que muchas personas permanecen en sus domicilios habituales. La capacidad económica para financiar estas actuaciones resulta determinante a la hora de valorar las condiciones reales de vida de los propietarios de mayor edad.
Brecha digital
La utilización de internet ha experimentado un crecimiento significativo entre las personas mayores, aunque las diferencias entre generaciones continúan siendo pronunciadas. En 2025, el 75 % de la población de entre 65 y 74 años utilizaba internet diariamente, frente al 70,5 % registrado el año anterior, lo que supone un aumento de 4,5 puntos porcentuales.
Julio Pérez Díaz, demógrafo del IEGD-CSIC y coordinador del informe, ha destacado que este porcentaje «no solo nos sitúa por encima del promedio de la Unión Europea, sino que supone un aumento espectacular en tan breve lapso temporal».
La evolución resulta más moderada entre quienes tienen 75 años o más, grupo en el que el uso diario de internet ha pasado del 34,6 % al 35,4 %. La diferencia de casi cuarenta puntos entre ambos segmentos muestra que la incorporación de las tecnologías digitales continúa estrechamente relacionada con la edad y con las experiencias educativas y profesionales de cada generación.
El coordinador del estudio considera que el incremento observado entre los más jóvenes de la población mayor puede explicarse, en buena medida, por la incorporación a este grupo de personas que ya utilizaban habitualmente las tecnologías antes de cumplir los 65 años.
«Esto hace sospechar que el cambio se debe más a la llegada de las recientes generaciones que a una alfabetización tecnológica entre los mayores», ha señalado Pérez.
Los datos muestran igualmente que el 85,6 % de las personas de entre 65 y 74 años había utilizado internet durante los tres meses anteriores a la encuesta, una proporción que confirma la creciente presencia de las herramientas digitales en su vida cotidiana.
La mensajería instantánea, las videollamadas y la consulta de información figuran entre las actividades más habituales, aunque las posibilidades de acceso y utilización siguen condicionadas por el nivel educativo y los recursos económicos.
Estas diferencias adquieren especial importancia entre las generaciones de mayor edad, que vivieron etapas históricas caracterizadas por menores oportunidades de escolarización y por desigualdades educativas especialmente acusadas entre las mujeres. La limitada formación recibida durante la infancia y la juventud, unida a las dificultades económicas, ha retrasado en numerosos casos la incorporación de conocimientos y dispositivos digitales.
La expansión de internet entre las personas mayores convive, por tanto, con una desigualdad que afecta tanto al acceso a las tecnologías como a la capacidad para utilizarlas de manera autónoma, una cuestión relevante ante la creciente digitalización de los servicios públicos, la atención sanitaria y las gestiones administrativas.
Longevidad
El aumento de la esperanza de vida constituye uno de los principales factores que explican el crecimiento de la población mayor, aunque los años adicionales de supervivencia no siempre se corresponden con un incremento equivalente del tiempo vivido en buenas condiciones de salud.
Los datos de Eurostat correspondientes a 2023, incorporados al informe del CSIC, sitúan la esperanza de vida saludable a los 65 años en 10,3 años para las mujeres y 10,2 para los hombres. Ambos indicadores han mejorado respecto a 2022, aunque todavía permanecen por debajo de los valores registrados antes de la pandemia.
La escasa diferencia entre mujeres y hombres en los años de vida saludable contrasta con la mayor supervivencia femenina, circunstancia que implica que las mujeres pueden pasar una parte más prolongada de su vejez conviviendo con problemas de salud o limitaciones funcionales.
El informe también ha examinado la percepción que las propias personas mayores tienen de su estado de salud y ha observado que esta valoración empeora conforme aumenta la edad. En 2025, los hombres han presentado una percepción de salud ligeramente más favorable que las mujeres, una diferencia que acompaña a las desigualdades observadas en otros indicadores sanitarios y demográficos.
La evolución de la longevidad obliga a considerar conjuntamente la duración de la vida y las condiciones en las que transcurren los años adicionales. La disponibilidad de atención sanitaria, los apoyos sociales, las características de la vivienda y la situación económica intervienen en las posibilidades de mantener la autonomía personal durante las edades avanzadas.
Pensiones
La mayor esperanza de vida femenina también modifica progresivamente la composición de la población por edades. A partir de los 53 años, las mujeres comienzan a superar en número a los hombres, una diferencia que aumenta conforme avanza la edad y resulta especialmente visible a partir de los 70 años.
Esta evolución demográfica explica que la viudedad tenga una incidencia proporcionalmente mayor entre las mujeres y que una parte importante de la población de edades muy avanzadas esté integrada por personas que han sobrevivido a sus parejas.
«Se evidencia, así, la persistente mayor mortalidad masculina en todas las edades, traducida en importantes diferencias en esperanza de vida y en la cantidad de supervivientes en edades muy avanzadas. La vejez, en general, es femenina», ha explicado Julio Pérez Díaz.
Las diferencias entre hombres y mujeres también se mantienen en los ingresos procedentes de las pensiones, aunque la brecha se ha reducido durante los últimos años.
En España, la desigualdad de género en las pensiones ha descendido del 32,5 % registrado en 2016 al 27,3 % en 2025. Pese a esta reducción de 5,2 puntos porcentuales, el informe advierte de que la diferencia continúa siendo relativamente elevada en comparación con otros países europeos y que su disminución se produce a un ritmo inferior al promedio de la Unión Europea.
Los investigadores relacionan buena parte de esta desigualdad con las condiciones educativas y laborales que afrontaron las generaciones femeninas que actualmente han alcanzado la jubilación. Las menores tasas históricas de participación en el empleo remunerado, las interrupciones de las carreras profesionales y las diferencias salariales han repercutido sobre las cotizaciones acumuladas y, posteriormente, sobre las prestaciones reconocidas.
La incorporación progresiva a la jubilación de generaciones de mujeres con mayores niveles de formación y participación laboral permitirá reducir estas diferencias, aunque sus efectos sobre las pensiones se manifestarán de manera gradual.
El estudio sitúa este cambio especialmente entre las generaciones nacidas a partir de los años sesenta, cuyas trayectorias educativas y profesionales han sido diferentes de las correspondientes a las mujeres que alcanzaron la edad adulta durante las décadas anteriores.
Medio rural
El envejecimiento presenta diferencias territoriales que adquieren especial relevancia en comunidades como Castilla y León, situada junto con Asturias y Galicia entre las autonomías con mayores proporciones de población de 65 años o más.
La distribución de las personas mayores muestra una distancia considerable entre municipios rurales y urbanos. En 2025, el 29,1 % de los habitantes de los municipios rurales tenía al menos 65 años, frente al 20 % registrado en los entornos urbanos.
La diferencia de más de nueve puntos porcentuales refleja el mayor peso relativo de la población envejecida en los pequeños municipios, donde los movimientos migratorios y la salida de generaciones jóvenes han modificado durante décadas la estructura demográfica.
Sin embargo, el informe advierte de que la mayor proporción de personas mayores en los pueblos no debe confundirse con una concentración mayoritaria de esta población en el medio rural. La distribución general de los habitantes determina que la mayor parte de las personas mayores españolas resida en ciudades.
Julio Pérez Díaz ha señalado que «la vejez de nuestro país es mayoritariamente urbana, cada vez más, y que la diferencia entre entornos urbanos y rurales en el cambio demográfico guarda más relación con la emigración actual o pasada de los jóvenes».
Esta precisión resulta especialmente importante para comprender la realidad de Castilla y León, donde la dispersión territorial y la presencia de numerosos municipios pequeños plantean necesidades específicas para la organización de los servicios sanitarios, la atención social y los apoyos a las personas que desean continuar viviendo en sus domicilios.
La proporción de habitantes mayores en el medio rural también condiciona la planificación de las actuaciones sobre vivienda, transporte y accesibilidad, puesto que la disponibilidad de recursos y la distancia a determinados servicios pueden presentar características muy diferentes de las existentes en los núcleos urbanos.
El estudio del CSIC permite relacionar estas circunstancias con las transformaciones demográficas acumuladas durante décadas y con las desigualdades territoriales que todavía persisten en España.
Perspectivas
La previsión de que la población mayor de 65 años supere los 16 millones en 2046 representa uno de los principales cambios demográficos a los que se enfrentará España durante las próximas dos décadas. De cumplirse las hipótesis utilizadas en las proyecciones, este grupo pasará de representar aproximadamente una quinta parte de los habitantes a acercarse a tres de cada diez.
La evolución estará acompañada por una presencia creciente de personas de edades muy avanzadas y por la incorporación a la jubilación de generaciones con experiencias educativas, laborales y tecnológicas diferentes de las actuales.
El informe ‘Un perfil de las personas mayores en España, 2026’ ha reunido indicadores procedentes de organismos estadísticos nacionales e internacionales para ofrecer una visión conjunta de estas transformaciones y de sus consecuencias sobre las condiciones de vida.
El trabajo ha sido elaborado por Julio Pérez Díaz, Ana Belén Castillo Belmonte, Pilar Aceituno Nieto y Diego Ramiro Fariñas, investigadores vinculados al Laboratorio Envejecimiento en Red y Estadísticas Experimentales del Departamento de Población del IEGD-CSIC, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Su publicación forma parte de la serie de indicadores básicos del proyecto ‘Envejecimiento en Red’ y ha contado con el apoyo y la financiación de la PTI+ Salud Global del CSIC.
Los datos recogidos muestran que el crecimiento de la población mayor estará acompañado por cambios en la composición de los hogares, en las necesidades residenciales y en las condiciones económicas de las personas que alcanzan la jubilación. La reducción de las desigualdades en las pensiones, la mejora de la habitabilidad de las viviendas y el acceso a los servicios sanitarios y sociales adquieren especial importancia en un escenario en el que la prolongación de la vida seguirá modificando la estructura de la población española.
La distancia entre los años vividos y los años disfrutados con buena salud, junto con las diferencias económicas y territoriales que persisten entre las personas mayores, constituye una de las principales cuestiones que plantea el estudio. Su evolución durante las próximas décadas permitirá comprobar hasta qué punto el aumento de la longevidad se acompaña de mejoras efectivas en las condiciones de vida de una población que ya supera los diez millones de personas.
