Hacienda reconoce 1.150 euros en la Renta a quienes conviven con mayores de 65 años

edm comunicación y edición SL
Castilla y León combina bajo paro y una brecha de bienestar La lectura regional de la Memoria socioeconómica del CES muestra una Comunidad con menor desempleo que España, pero con renta y remuneración inferiores a la media, un 23,7 % de población en riesgo de pobreza o exclusión y un saldo natural negativo de 16.318 habitantes. Castilla y León ha cerrado 2025 con una tasa de paro inferior a la española y una ligera recuperación demográfica apoyada en la llegada de población, aunque mantiene diferencias económicas y sociales que limitan la traslación del empleo al bienestar. La renta por habitante permanece por debajo de la media nacional, el riesgo de pobreza ha aumentado y la diferencia entre nacimientos y defunciones vuelve a mostrar la profundidad del envejecimiento. Esta es la lectura regional que ofrece la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025 del Consejo Económico y Social. El documento constata una evolución favorable de la economía y del mercado laboral en el conjunto del país, acompañada por avances más moderados en las condiciones de vida debido al coste de la vivienda, la desigualdad y las dificultades económicas de parte de los hogares. El paro termina el año por debajo de la media española Castilla y León cerró el cuarto trimestre de 2025 con una tasa de paro del 8,36 %, frente al 9,93 % registrado en el conjunto nacional. La diferencia sitúa a la Comunidad en una posición laboral más favorable que la media, aunque el dato debe interpretarse junto con la evolución de la población activa y la estructura demográfica del territorio. El resultado coincide con el diagnóstico general del CES, que aprecia una mejora del empleo, una mayor presencia de contratos indefinidos y una convergencia gradual con Europa. La estabilidad contractual ha avanzado, aunque persisten problemas relacionados con el paro juvenil, las diferencias entre hombres y mujeres, la sobrecualificación y la disponibilidad de profesionales en determinadas actividades. En Castilla y León, el mercado laboral se encuentra además condicionado por el envejecimiento de la población y por la reducción de las generaciones que alcanzan la edad de trabajar. Una tasa de paro relativamente baja puede convivir, por tanto, con dificultades empresariales para cubrir vacantes, sustituir jubilaciones o encontrar perfiles especializados. El empleo necesita mayor valor añadido La mejora laboral adquiere una dimensión distinta cuando se compara con los indicadores económicos. Los últimos datos completos de la Contabilidad Regional, correspondientes a 2024, sitúan el crecimiento real del producto interior bruto castellano y leonés en el 2,9 %, seis décimas por debajo del avance nacional del 3,5 %. El PIB de Castilla y León alcanzó los 73.993 millones de euros, mientras la renta por habitante se situó en 30.887 euros, frente a los 32.633 euros del conjunto de España. La Comunidad mantiene así una diferencia cercana al 5,4 % respecto a la media nacional. La remuneración media por asalariado ascendió a 37.363 euros, frente a los 40.514 euros contabilizados en España. Esta distancia muestra que el reto regional comprende tanto la creación de puestos de trabajo como su capacidad para generar ingresos, atraer población cualificada y sostener el consumo de los hogares. El crecimiento económico llega con menor intensidad La economía castellana y leonesa ha mantenido su expansión, aunque a un ritmo inferior al nacional. El comportamiento responde a una estructura productiva en la que tienen un peso relevante la industria agroalimentaria, la automoción, la energía, la agricultura, la ganadería y los servicios públicos. Esta composición aporta estabilidad ante determinadas oscilaciones, pero también expone al territorio a los costes energéticos, las condiciones meteorológicas, la evolución de los mercados agrarios y las decisiones industriales adoptadas fuera de la Comunidad. El CES destaca que la productividad española ha avanzado al mismo tiempo que aumentaba el empleo, una combinación poco habitual en expansiones anteriores. Para Castilla y León, ese proceso exige reforzar la innovación, la digitalización y el crecimiento de empresas capaces de comercializar fuera del mercado regional. La dimensión de las compañías constituye otro elemento decisivo. Un tejido formado mayoritariamente por pequeñas empresas y autónomos aporta proximidad y capacidad de adaptación, pero dispone de menos recursos para invertir, internacionalizarse, incorporar tecnología o competir por profesionales especializados. El riesgo de pobreza aumenta hasta el 19,8 % La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, se situó en Castilla y León en el 23,7 % durante 2025. El porcentaje permanece dos puntos por debajo del 25,7 % registrado en España, aunque supone que cerca de una de cada cuatro personas se encuentra afectada por alguna de las situaciones incluidas en este indicador. La evolución de la pobreza monetaria ofrece una señal menos favorable. El 19,8 % de la población castellana y leonesa se encontraba por debajo del umbral de pobreza en 2025, frente al 18,5 % del año anterior y al 19,5 % del conjunto nacional. La diferencia entre ambos indicadores refleja que Castilla y León presenta menor incidencia global de exclusión, aunque la insuficiencia de ingresos ha ganado peso. La mejora del empleo no ha impedido que determinados hogares pierdan capacidad para afrontar el coste de la alimentación, la energía, el transporte o la vivienda. El diagnóstico coincide con una de las conclusiones centrales del CES. El crecimiento económico y laboral avanza con mayor intensidad que el bienestar cotidiano, especialmente entre las familias con menores ingresos, las personas desempleadas, los hogares con menores a cargo y quienes deben destinar una parte elevada de sus recursos a la vivienda. La propiedad domina el modelo residencial El 81,2 % de los hogares castellanos y leoneses residía en 2025 en una vivienda en propiedad. Un 58,4 % disponía de ella sin hipoteca y otro 22,8 % mantenía un préstamo pendiente, mientras el alquiler a precio de mercado representaba el 11,2 %. Esta estructura reduce la exposición de una parte de la población mayor a las subidas del alquiler, aunque plantea otros problemas. Numerosas viviendas se encuentran en edificios antiguos, necesitan rehabilitación o requieren inversiones para mejorar su eficiencia energética y su accesibilidad. El mercado inmobiliario ha registrado además una intensa actividad. Las compraventas de viviendas aumentaron un 18,9 % en Castilla y León durante 2025, el mayor incremento de todas las comunidades autónomas y por encima del 11,5 % nacional. Este crecimiento mide el número de operaciones, pero no determina por sí solo que el acceso resulte más asequible para jóvenes y hogares con ingresos bajos. Castilla y León pierde 16.318 habitantes por causas naturales El principal desequilibrio estructural aparece en la demografía. Castilla y León contabilizó durante 2025 un total de 12.649 nacimientos y 28.967 defunciones. La diferencia dejó un saldo vegetativo negativo de 16.318 personas, uno de los más acusados del país en relación con su población. La cifra significa que por cada nacimiento se produjeron aproximadamente 2,3 fallecimientos. Esta relación condiciona el relevo generacional, la disponibilidad futura de trabajadores, la continuidad de los negocios familiares y la organización de los servicios públicos. La población regional logró crecer un 0,14 % durante el último trimestre de 2025. La coexistencia de este incremento con un saldo natural ampliamente negativo indica que las entradas migratorias están compensando la pérdida derivada de la diferencia entre nacimientos y defunciones. La inmigración adquiere así una función demográfica y laboral. Su aportación resulta relevante para cubrir puestos de trabajo, sostener la actividad de determinados sectores y mantener población en municipios que llevan años perdiendo residentes. Los hogares unipersonales ganarán peso Castilla y León contaba a comienzos de 2026 con 1.070.538 hogares y un tamaño medio de 2,24 personas, inferior al promedio nacional de 2,49. El 35,5 % estaba integrado por una única persona, una de las proporciones más elevadas de España. Las proyecciones del INE estiman que los hogares unipersonales podrían representar el 39,2 % del total regional en 2041, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas. El tamaño medio descendería hasta 2,13 personas, aunque el número total de hogares crecería un 3,9 %. Esta evolución tendrá consecuencias directas sobre la atención domiciliaria, la dependencia, la teleasistencia, la sanidad, el transporte y las políticas contra la soledad. El aumento del número de hogares con una sola persona exigirá adaptar los servicios a una población más envejecida y con redes familiares menos extensas. La situación adquiere mayor complejidad en el medio rural. El CES identifica la despoblación y el envejecimiento como fenómenos especialmente concentrados en estos territorios, donde las distancias elevan el coste de prestar servicios y reducen la frecuencia del transporte, la atención presencial y la actividad comercial. El territorio amplifica el desafío Castilla y León debe atender una población distribuida en un territorio extenso y con numerosos municipios pequeños. La dispersión convierte la sanidad, los cuidados, la educación, la conectividad y la movilidad en factores económicos, además de sociales. La continuidad de una explotación, un comercio o una pequeña industria depende de la existencia de carreteras, telecomunicaciones, vivienda, servicios sanitarios y centros educativos. La política demográfica queda así ligada a la capacidad de garantizar condiciones de vida equivalentes con independencia del lugar de residencia. La respuesta requiere diferenciar entre municipios. Las capitales y sus áreas próximas afrontan problemas de vivienda, movilidad y concentración de servicios, mientras buena parte del territorio rural necesita población, relevo empresarial y acceso estable a prestaciones básicas. Del crecimiento al bienestar La Memoria del CES presenta una economía española más resistente, con mayor empleo y mejores indicadores de productividad. La lectura castellana y leonesa confirma parte de esa evolución, pero también muestra los límites de una mejora que llega con menor renta, remuneraciones inferiores a la media y un fuerte desequilibrio demográfico. La Comunidad parte de algunas posiciones favorables. Mantiene una tasa de paro inferior a la nacional, una tasa AROPE más baja y una estructura residencial con elevada presencia de propietarios sin hipoteca. Frente a ellas aparecen una pobreza monetaria creciente, menor renta por habitante y una diferencia cada vez mayor entre nacimientos y defunciones. El desafío consiste en convertir el empleo en proyectos vitales estables. Para ello, la creación de puestos deberá acompañarse de salarios suficientes, vivienda accesible, servicios públicos, oportunidades profesionales, integración de la población inmigrante y condiciones que permitan a quienes se forman en Castilla y León desarrollar aquí su trayectoria.

ESTHER DUQUE
PALENCIA

El llamado mínimo por ascendientes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) permite a los contribuyentes que conviven con familiares en línea recta mayores de 65 años minorar su base liquidable en 1.150 euros por cada ascendiente que cumpla los requisitos. La cuantía se incrementa en 1.400 euros adicionales cuando el ascendiente supera los 75 años (total 2.550 euros). No es una subvención ni un pago directo: se trata de un beneficio fiscal integrado en el mínimo personal y familiar que reduce la renta sometida a gravamen.  El mecanismo, vigente con carácter general y articulado en los artículos 59 y 61 de la Ley del IRPF, exige convivencia efectiva al menos la mitad del periodo impositivo, que el ascendiente no obtenga rentas anuales superiores a 8.000 euros (exentas al margen) y que no presente declaración con rentas superiores a 1.800 euros. 

La Agencia Tributaria detalla que “1.150 euros anuales por cada ascendiente de edad superior a 65 años” constituyen la cuantía base, y que el incremento de 1.400 euros opera para mayores de 75. “Que convivan con el contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo” es requisito expreso. 

Qué es y cómo opera: un mínimo que no tributa

El mínimo por ascendientes forma parte del conjunto de mínimos personales y familiares: tramos de renta destinados a necesidades básicas que no deben tributar. Técnicamente no “devuelve” ni “paga” 1.150 euros, sino que reduce la base liquidable en esa cuantía, con el efecto recaudatorio correspondiente en función de los tipos estatales y autonómicos aplicables. La exposición de motivos y la sistemática legal explican que desde 1999 estas circunstancias dejaron de configurarse como deducciones en cuota para integrarse como mínimos deducibles de la base. 

La aplicación es individual por ascendiente que genere derecho y se prorratea cuando varios contribuyentes cumplen requisitos respecto del mismo ascendiente, salvo preferencia por grado de parentesco. La determinación de las circunstancias se realiza a la fecha de devengo del impuesto (habitualmente, 31 de diciembre). En caso de fallecimiento del ascendiente durante el año, la norma prevé que la cuantía aplicable siga siendo 1.150 euros si hubo convivencia durante la mitad del periodo transcurrido. 

A efectos del IRPF, ascendientes son padres, abuelos y bisabuelos del contribuyente, unidos por consanguinidad o adopción, quedando excluidos parientes colaterales (tíos) o por afinidad (suegros). La convivencia debe cubrir al menos seis meses del año fiscal (o todo el año si conviven simultáneamente con varios descendientes), con particularidades para ascendientes con discapacidad internados en centros especializados: en esos supuestos se entiende cumplida la convivencia si dependen del contribuyente. Se exige, además, que el ascendiente no supere 8.000 euros de renta (exentas aparte) ni presente IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. 

Las cuantías son compatibles con el mínimo por discapacidad cuando el ascendiente tiene reconocida discapacidad: 3.000 euros si el grado es ≥33% e <65% y 9.000 euros si ≥65%; en ambos casos, +3.000 euros por gastos de asistencia si acredita necesidad de ayuda de terceros o movilidad reducida. 

Castilla y León presenta uno de los perfiles demográficos más envejecidos del país. La literatura reciente sitúa a la Comunidad, junto con Asturias y Galicia, en la parte alta del índice de envejecimiento (relación mayores de 64 años/menores de 16). En 2024, informes de referencia señalan Zamora (≈32%) y León (≈28,5%) entre las provincias con mayor proporción de población mayor. La proyección autonómica a corto plazo anticipa un aumento del 27,16% en el grupo de mayores de 64 años en los próximos 15 años, frente a caídas en los segmentos de 16–64 y menores de 16. Esta pirámide, unida a dinámicas de despoblación rural, sugiere una bolsa relevante de hogares donde podría concurrir el derecho al mínimo por ascendientes. 

La forma de convivencia de las personas mayores en España refleja predominio de parejas sin hijos en el hogar y, en segundo lugar, hogares unipersonales; sin embargo, la convivencia intergeneracional —ascendientes con descendientes— sigue presente y es objeto de atención en políticas públicas frente a la soledad no deseada y el envejecimiento en domicilio. Estos patrones —junto con la dispersión territorial— condicionan la materialización efectiva del beneficio fiscal en Castilla y León.

Requisitos críticos que excluyen el derecho

El límite de 8.000 euros de renta anual del ascendiente (exentas aparte) es determinante: si se supera, no procede el mínimo. Además, si el ascendiente presenta declaración con rentas >1.800 euros, se pierde el derecho. La Agencia Tributaria precisa qué se entiende por renta anual a estos efectos (sumas algebraicas de rendimientos netos, imputaciones, ganancias y pérdidas sin integración/compensación).

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