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Castilla y León combina bajo paro y una brecha de bienestar La lectura regional de la Memoria socioeconómica del CES muestra una Comunidad con menor desempleo que España, pero con renta y remuneración inferiores a la media, un 23,7 % de población en riesgo de pobreza o exclusión y un saldo natural negativo de 16.318 habitantes. Castilla y León ha cerrado 2025 con una tasa de paro inferior a la española y una ligera recuperación demográfica apoyada en la llegada de población, aunque mantiene diferencias económicas y sociales que limitan la traslación del empleo al bienestar. La renta por habitante permanece por debajo de la media nacional, el riesgo de pobreza ha aumentado y la diferencia entre nacimientos y defunciones vuelve a mostrar la profundidad del envejecimiento. Esta es la lectura regional que ofrece la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025 del Consejo Económico y Social. El documento constata una evolución favorable de la economía y del mercado laboral en el conjunto del país, acompañada por avances más moderados en las condiciones de vida debido al coste de la vivienda, la desigualdad y las dificultades económicas de parte de los hogares. El paro termina el año por debajo de la media española Castilla y León cerró el cuarto trimestre de 2025 con una tasa de paro del 8,36 %, frente al 9,93 % registrado en el conjunto nacional. La diferencia sitúa a la Comunidad en una posición laboral más favorable que la media, aunque el dato debe interpretarse junto con la evolución de la población activa y la estructura demográfica del territorio. El resultado coincide con el diagnóstico general del CES, que aprecia una mejora del empleo, una mayor presencia de contratos indefinidos y una convergencia gradual con Europa. La estabilidad contractual ha avanzado, aunque persisten problemas relacionados con el paro juvenil, las diferencias entre hombres y mujeres, la sobrecualificación y la disponibilidad de profesionales en determinadas actividades. En Castilla y León, el mercado laboral se encuentra además condicionado por el envejecimiento de la población y por la reducción de las generaciones que alcanzan la edad de trabajar. Una tasa de paro relativamente baja puede convivir, por tanto, con dificultades empresariales para cubrir vacantes, sustituir jubilaciones o encontrar perfiles especializados. El empleo necesita mayor valor añadido La mejora laboral adquiere una dimensión distinta cuando se compara con los indicadores económicos. Los últimos datos completos de la Contabilidad Regional, correspondientes a 2024, sitúan el crecimiento real del producto interior bruto castellano y leonés en el 2,9 %, seis décimas por debajo del avance nacional del 3,5 %. El PIB de Castilla y León alcanzó los 73.993 millones de euros, mientras la renta por habitante se situó en 30.887 euros, frente a los 32.633 euros del conjunto de España. La Comunidad mantiene así una diferencia cercana al 5,4 % respecto a la media nacional. La remuneración media por asalariado ascendió a 37.363 euros, frente a los 40.514 euros contabilizados en España. Esta distancia muestra que el reto regional comprende tanto la creación de puestos de trabajo como su capacidad para generar ingresos, atraer población cualificada y sostener el consumo de los hogares. El crecimiento económico llega con menor intensidad La economía castellana y leonesa ha mantenido su expansión, aunque a un ritmo inferior al nacional. El comportamiento responde a una estructura productiva en la que tienen un peso relevante la industria agroalimentaria, la automoción, la energía, la agricultura, la ganadería y los servicios públicos. Esta composición aporta estabilidad ante determinadas oscilaciones, pero también expone al territorio a los costes energéticos, las condiciones meteorológicas, la evolución de los mercados agrarios y las decisiones industriales adoptadas fuera de la Comunidad. El CES destaca que la productividad española ha avanzado al mismo tiempo que aumentaba el empleo, una combinación poco habitual en expansiones anteriores. Para Castilla y León, ese proceso exige reforzar la innovación, la digitalización y el crecimiento de empresas capaces de comercializar fuera del mercado regional. La dimensión de las compañías constituye otro elemento decisivo. Un tejido formado mayoritariamente por pequeñas empresas y autónomos aporta proximidad y capacidad de adaptación, pero dispone de menos recursos para invertir, internacionalizarse, incorporar tecnología o competir por profesionales especializados. El riesgo de pobreza aumenta hasta el 19,8 % La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, se situó en Castilla y León en el 23,7 % durante 2025. El porcentaje permanece dos puntos por debajo del 25,7 % registrado en España, aunque supone que cerca de una de cada cuatro personas se encuentra afectada por alguna de las situaciones incluidas en este indicador. La evolución de la pobreza monetaria ofrece una señal menos favorable. El 19,8 % de la población castellana y leonesa se encontraba por debajo del umbral de pobreza en 2025, frente al 18,5 % del año anterior y al 19,5 % del conjunto nacional. La diferencia entre ambos indicadores refleja que Castilla y León presenta menor incidencia global de exclusión, aunque la insuficiencia de ingresos ha ganado peso. La mejora del empleo no ha impedido que determinados hogares pierdan capacidad para afrontar el coste de la alimentación, la energía, el transporte o la vivienda. El diagnóstico coincide con una de las conclusiones centrales del CES. El crecimiento económico y laboral avanza con mayor intensidad que el bienestar cotidiano, especialmente entre las familias con menores ingresos, las personas desempleadas, los hogares con menores a cargo y quienes deben destinar una parte elevada de sus recursos a la vivienda. La propiedad domina el modelo residencial El 81,2 % de los hogares castellanos y leoneses residía en 2025 en una vivienda en propiedad. Un 58,4 % disponía de ella sin hipoteca y otro 22,8 % mantenía un préstamo pendiente, mientras el alquiler a precio de mercado representaba el 11,2 %. Esta estructura reduce la exposición de una parte de la población mayor a las subidas del alquiler, aunque plantea otros problemas. Numerosas viviendas se encuentran en edificios antiguos, necesitan rehabilitación o requieren inversiones para mejorar su eficiencia energética y su accesibilidad. El mercado inmobiliario ha registrado además una intensa actividad. Las compraventas de viviendas aumentaron un 18,9 % en Castilla y León durante 2025, el mayor incremento de todas las comunidades autónomas y por encima del 11,5 % nacional. Este crecimiento mide el número de operaciones, pero no determina por sí solo que el acceso resulte más asequible para jóvenes y hogares con ingresos bajos. Castilla y León pierde 16.318 habitantes por causas naturales El principal desequilibrio estructural aparece en la demografía. Castilla y León contabilizó durante 2025 un total de 12.649 nacimientos y 28.967 defunciones. La diferencia dejó un saldo vegetativo negativo de 16.318 personas, uno de los más acusados del país en relación con su población. La cifra significa que por cada nacimiento se produjeron aproximadamente 2,3 fallecimientos. Esta relación condiciona el relevo generacional, la disponibilidad futura de trabajadores, la continuidad de los negocios familiares y la organización de los servicios públicos. La población regional logró crecer un 0,14 % durante el último trimestre de 2025. La coexistencia de este incremento con un saldo natural ampliamente negativo indica que las entradas migratorias están compensando la pérdida derivada de la diferencia entre nacimientos y defunciones. La inmigración adquiere así una función demográfica y laboral. Su aportación resulta relevante para cubrir puestos de trabajo, sostener la actividad de determinados sectores y mantener población en municipios que llevan años perdiendo residentes. Los hogares unipersonales ganarán peso Castilla y León contaba a comienzos de 2026 con 1.070.538 hogares y un tamaño medio de 2,24 personas, inferior al promedio nacional de 2,49. El 35,5 % estaba integrado por una única persona, una de las proporciones más elevadas de España. Las proyecciones del INE estiman que los hogares unipersonales podrían representar el 39,2 % del total regional en 2041, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas. El tamaño medio descendería hasta 2,13 personas, aunque el número total de hogares crecería un 3,9 %. Esta evolución tendrá consecuencias directas sobre la atención domiciliaria, la dependencia, la teleasistencia, la sanidad, el transporte y las políticas contra la soledad. El aumento del número de hogares con una sola persona exigirá adaptar los servicios a una población más envejecida y con redes familiares menos extensas. La situación adquiere mayor complejidad en el medio rural. El CES identifica la despoblación y el envejecimiento como fenómenos especialmente concentrados en estos territorios, donde las distancias elevan el coste de prestar servicios y reducen la frecuencia del transporte, la atención presencial y la actividad comercial. El territorio amplifica el desafío Castilla y León debe atender una población distribuida en un territorio extenso y con numerosos municipios pequeños. La dispersión convierte la sanidad, los cuidados, la educación, la conectividad y la movilidad en factores económicos, además de sociales. La continuidad de una explotación, un comercio o una pequeña industria depende de la existencia de carreteras, telecomunicaciones, vivienda, servicios sanitarios y centros educativos. La política demográfica queda así ligada a la capacidad de garantizar condiciones de vida equivalentes con independencia del lugar de residencia. La respuesta requiere diferenciar entre municipios. Las capitales y sus áreas próximas afrontan problemas de vivienda, movilidad y concentración de servicios, mientras buena parte del territorio rural necesita población, relevo empresarial y acceso estable a prestaciones básicas. Del crecimiento al bienestar La Memoria del CES presenta una economía española más resistente, con mayor empleo y mejores indicadores de productividad. La lectura castellana y leonesa confirma parte de esa evolución, pero también muestra los límites de una mejora que llega con menor renta, remuneraciones inferiores a la media y un fuerte desequilibrio demográfico. La Comunidad parte de algunas posiciones favorables. Mantiene una tasa de paro inferior a la nacional, una tasa AROPE más baja y una estructura residencial con elevada presencia de propietarios sin hipoteca. Frente a ellas aparecen una pobreza monetaria creciente, menor renta por habitante y una diferencia cada vez mayor entre nacimientos y defunciones. El desafío consiste en convertir el empleo en proyectos vitales estables. Para ello, la creación de puestos deberá acompañarse de salarios suficientes, vivienda accesible, servicios públicos, oportunidades profesionales, integración de la población inmigrante y condiciones que permitan a quienes se forman en Castilla y León desarrollar aquí su trayectoria.

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ESTHER DUQUEPALENCIA El llamado mínimo por ascendientes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) permite a los contribuyentes que conviven con familiares en línea recta mayores de 65 años minorar su base liquidable en 1.150 euros por cada ascendiente que cumpla los requisitos. La cuantía se incrementa en 1.400 euros adicionales cuando […]

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pobreza España, tasa AROPE, exclusión social, EAPN, vivienda y pobreza, pobreza infantil, pobreza severa, Agenda 2030, desigualdad social, Ingreso Mínimo Vital; El precio del gas en el mercado ibérico sube cerca de un 40% en apenas dos semanas tras el cierre del Estrecho de Ormuz Valencia, 13 de marzo de 2026. La escalada del conflicto en Oriente Medio empieza a trasladarse con rapidez a los mercados energéticos europeos y podría reflejarse en los próximos meses en la factura energética de los hogares españoles. El encarecimiento del gas natural, provocado por las tensiones geopolíticas y el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, ya se ha dejado sentir en el Mercado Ibérico de Gas (MIBGAS), donde el precio ha aumentado cerca de un 40% desde el pasado 27 de febrero. El impacto de este episodio internacional podría traducirse en una subida progresiva de la electricidad y del gas doméstico, especialmente para los consumidores cuyas tarifas están indexadas al mercado mayorista. El estrecho de Ormuz constituye una de las principales arterias energéticas del planeta: por él transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y cerca del 25% del gas natural licuado (GNL). Cualquier interrupción en esta ruta estratégica genera una reacción inmediata en los mercados energéticos globales. Europa, altamente dependiente de las importaciones energéticas, suele acusar con rapidez estas perturbaciones geopolíticas. En consecuencia, los incrementos en los precios mayoristas de gas terminan trasladándose a los sistemas eléctricos y, finalmente, a la factura de los consumidores. Un mercado energético global cada vez más sensible a las tensiones geopolíticas La evolución del precio del gas en Europa se encuentra estrechamente vinculada a referencias internacionales como el TTF holandés, uno de los indicadores clave del mercado europeo. Cuando estas referencias se tensionan, el impacto se traslada rápidamente a mercados regionales como el MIBGAS. En el sistema eléctrico español, el encarecimiento del gas tiene un efecto directo. Las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural para producir electricidad, fijan en numerosas ocasiones el precio marginal del mercado eléctrico. Por tanto, un gas más caro se traduce, casi automáticamente, en una electricidad más cara. Este mecanismo afecta especialmente a los hogares con tarifas indexadas al mercado mayorista, como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuya factura fluctúa en función de la evolución diaria del mercado eléctrico. El precedente de la crisis energética de 2022 El actual escenario recuerda inevitablemente a la crisis energética que sacudió Europa en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Aquella crisis disparó los precios del gas a niveles históricos y provocó una escalada sin precedentes en las facturas de electricidad y calefacción durante meses. Ante la gravedad de la situación, varios gobiernos europeos aprobaron medidas extraordinarias para contener el impacto en consumidores y empresas. Entre ellas destacó el mecanismo conocido como “excepción ibérica”, aplicado en España y Portugal, que limitó temporalmente el peso del gas en la formación del precio eléctrico. Aunque el contexto actual no apunta a un problema inmediato de suministro energético, los analistas advierten de que una prolongación del conflicto podría reproducir dinámicas similares a las observadas durante aquella crisis. Los mercados energéticos operan en un sistema profundamente interconectado, donde los acontecimientos geopolíticos pueden alterar los precios globales en cuestión de horas. La incertidumbre derivada del conflicto ha introducido una volatilidad creciente en los precios energéticos europeos. Impacto directo en la factura de los hogares En el caso del gas doméstico, las tarifas vinculadas al mercado ya están reflejando el encarecimiento registrado en las últimas semanas. Si la situación internacional se mantiene o se agrava, el incremento podría trasladarse también a las tarifas reguladas. Uno de los momentos clave será la próxima revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR), prevista para el 1 de abril, cuando el Gobierno actualiza periódicamente los precios regulados del gas para los consumidores acogidos a esta modalidad. Las compañías energéticas y plataformas de asesoramiento energético advierten de que la evolución del conflicto será determinante para conocer el alcance real del impacto en la factura doméstica. Danny Salazar, director general de la plataforma energética Hello Watt, señala que el encarecimiento ya comienza a percibirse en algunos contratos: “La subida ya se está trasladando a los hogares con tarifas de luz o gas ligadas al mercado. En este contexto, revisar la tarifa y valorar un contrato a precio fijo puede ayudar a evitar nuevas subidas en los próximos meses. Si la situación se prolonga, es probable que las comercializadoras trasladen progresivamente este encarecimiento también a nuevas tarifas fijas”. Revisar el contrato energético, una estrategia para amortiguar la subida Ante un contexto marcado por la volatilidad energética, los expertos recomiendan a los consumidores analizar su contrato energético y comparar las distintas ofertas disponibles en el mercado. La elección entre tarifas indexadas y tarifas fijas puede resultar determinante para el gasto energético anual. Mientras que las tarifas vinculadas al mercado reflejan de forma inmediata las variaciones de precio, los contratos a precio fijo ofrecen mayor estabilidad durante el periodo pactado. Plataformas especializadas como Hello Watt permiten comparar ofertas de distintas comercializadoras y optimizar los contratos en función del perfil de consumo de cada hogar. En un escenario internacional incierto, anticiparse a posibles subidas puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto energético familiar durante los próximos meses.

11 marzo, 202311 marzo, 2023edm comunicación y edición SL

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