Uno de cada cinco empleados ha pedido baja por salud mental en el último año, mientras el coste de la terapia limita el acceso al tratamiento
El 80% de los trabajadores en España ha sufrido ansiedad por motivos laborales en el último año, según un estudio elaborado por Unobravo junto a Dynata, que revela el impacto creciente de la salud mental en el empleo. La investigación, realizada en abril de 2026 sobre una muestra de 1.000 personas activas de entre 18 y 60 años, sitúa la ansiedad como uno de los principales factores que afectan al bienestar, la productividad y la estabilidad económica de los trabajadores.
La ansiedad se consolida como problema estructural en el empleo
El informe indica que el 88% de los trabajadores ha experimentado episodios de ansiedad en el último año, y en el 80% de los casos estos están directamente relacionados con el entorno laboral. Solo un 8% de los encuestados desvincula la ansiedad de su actividad profesional.
La incidencia varía según la edad: los trabajadores entre 18 y 35 años presentan niveles significativamente superiores en la mayoría de indicadores, mientras que en el grupo de 55 a 60 años la prevalencia es notablemente menor. Además, uno de cada cuatro empleados (25%) afirma sufrir ansiedad frecuente vinculada a su empleo, frente a un 58% que la experimenta de forma ocasional.
Impacto directo en bajas laborales y productividad
Las consecuencias de este fenómeno se trasladan de forma directa a la actividad laboral. Un 21% de los trabajadores ha solicitado una baja en el último año por motivos de salud mental, mientras que un 26% reconoce haberlo considerado pero no haber dado el paso.
Entre los factores que explican esta decisión destacan el miedo a posibles repercusiones laborales (36%), el impacto económico de la baja (29%) y la presión del entorno profesional (16%).
Francisco Rivera, manager clínico de Unobravo en España, advierte de que “estos datos sugieren que la ansiedad ha dejado de ser un fenómeno puntual para consolidarse como una problemática frecuente en el entorno laboral”. Además, señala que la reticencia a solicitar bajas puede estar vinculada al estigma y al temor a consecuencias profesionales y económicas.
Pérdida de ingresos y decisiones económicas condicionadas
El estudio evidencia también un impacto económico relevante. Uno de cada tres trabajadores afirma haber visto reducidos sus ingresos debido a episodios de ansiedad. Entre quienes han experimentado estas pérdidas, el impacto oscila habitualmente entre 300 y 1.000 euros anuales.
Estas reducciones están asociadas a diferentes factores, como bajas laborales (13%), pérdida de oportunidades profesionales (10%) o reducción de jornada (9%). A ello se suma el efecto de la ansiedad sobre los hábitos financieros: el 49% de los trabajadores reconoce aumentar su consumo en momentos de malestar, y un 33% admite haber tomado decisiones económicas de las que posteriormente se ha arrepentido.
El coste de la terapia limita el acceso a tratamiento
A pesar del aumento de la demanda de apoyo psicológico, el acceso a terapia continúa condicionado por factores económicos. Solo un 18% de la población activa se encuentra actualmente en tratamiento, aunque un 27% ha recurrido a él en el pasado.
Entre quienes han iniciado terapia, un 25% la ha abandonado y un 40% ha reducido la frecuencia de las sesiones. En el 64% de los casos, el motivo principal es el coste económico, lo que evidencia una barrera estructural para el acceso continuado a la atención psicológica.
Francisco Rivera subraya que “la terapia no debería percibirse como un lujo, sino como una herramienta básica para el bienestar y la prevención en salud mental”, en referencia a la necesidad de ampliar el acceso a estos servicios.
Un fenómeno con implicaciones sociales y económicas
El estudio apunta a una relación bidireccional entre ansiedad y situación económica: el 74% de los trabajadores reconoce que las preocupaciones financieras contribuyen a agravar estos episodios, configurando un círculo difícil de romper entre malestar emocional y presión económica.
Este escenario refuerza la necesidad de abordar la salud mental en el ámbito laboral desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta tanto las condiciones de trabajo como los factores económicos y sociales que inciden en el bienestar de la población activa.
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