12,6 millones de personas siguen en riesgo de pobreza

La tasa AROPE se mantiene en el 25,7 % pese al crecimiento económico y al aumento del empleo, mientras la vivienda se consolida como uno de los principales factores de exclusión social

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) ha advertido de que las actuales políticas de protección social han frenado el avance de la pobreza, pero no están logrando reducir de forma significativa el número de personas afectadas. Así se desprende del XVI Informe El Estado de la Pobreza en España, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, que sitúa en 12,6 millones las personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social.

El estudio, elaborado a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, refleja que la tasa AROPE permanece en el 25,7 %, prácticamente sin variaciones respecto a ejercicios anteriores y por encima de los objetivos comprometidos por España en el marco de la Agenda 2030.

La organización considera que el mantenimiento de estos niveles de vulnerabilidad evidencia la necesidad de incorporar nuevas herramientas y reforzar las políticas públicas para afrontar factores estructurales que continúan alimentando la pobreza, especialmente en ámbitos como la vivienda, la infancia, la discapacidad o la integración de la población migrante.

La pobreza se mantiene pese al crecimiento económico

Uno de los principales mensajes del informe es la desconexión existente entre la evolución macroeconómica y la realidad social de una parte importante de la población.

Aunque España ha registrado mejoras en empleo y actividad económica durante los últimos años, los indicadores de pobreza permanecen estancados. La tasa de riesgo de pobreza afecta al 19,5 % de la población, el porcentaje más bajo de la serie histórica, pero todavía supone que 9,6 millones de personas viven con ingresos inferiores al umbral de pobreza.

Por su parte, la carencia material y social severa alcanza al 8,1 % de la población, cerca de cuatro millones de personas que no pueden permitirse al menos siete de los bienes, servicios o actividades considerados básicos para una vida digna.

La baja intensidad en el empleo se sitúa igualmente en el 8 %, completando los tres indicadores que conforman la tasa AROPE.

España continúa lejos de los objetivos de la Agenda 2030

El informe recuerda que España debería haber reducido la tasa AROPE hasta el 19,1 % para cumplir los compromisos establecidos en la Agenda 2030.

Sin embargo, el indicador permanece más de seis puntos por encima de esa meta, lo que supone que aproximadamente 3,2 millones de personas más tendrían que haber abandonado la situación de pobreza o exclusión social para alcanzar los objetivos previstos.

La pobreza severa afecta a casi cuatro millones de personas

Aunque la incidencia global de la pobreza apenas experimenta cambios, el informe detecta una ligera reducción en su intensidad.

La pobreza severa descendió cuatro décimas durante el último año y afecta actualmente al 8 % de la población. Aun así, cerca de 3,9 millones de personas sobreviven con ingresos inferiores a 680 euros mensuales.

El análisis muestra además cómo la acumulación de distintos factores de vulnerabilidad incrementa considerablemente el riesgo de exclusión.

La pobreza severa alcanza al 22,3 % de las personas que viven en hogares monoparentales, al 15,1 % de quienes residen en alquiler a precio de mercado y al 21,7 % de la población extracomunitaria. Cuando estos factores coinciden, las cifras se disparan: más de la mitad de las personas extracomunitarias que viven en hogares monoparentales se encuentran en situación de pobreza severa.

pobreza España, tasa AROPE, exclusión social, EAPN, vivienda y pobreza, pobreza infantil, pobreza severa, Agenda 2030, desigualdad social, Ingreso Mínimo Vital; El precio del gas en el mercado ibérico sube cerca de un 40% en apenas dos semanas tras el cierre del Estrecho de Ormuz Valencia, 13 de marzo de 2026. La escalada del conflicto en Oriente Medio empieza a trasladarse con rapidez a los mercados energéticos europeos y podría reflejarse en los próximos meses en la factura energética de los hogares españoles. El encarecimiento del gas natural, provocado por las tensiones geopolíticas y el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, ya se ha dejado sentir en el Mercado Ibérico de Gas (MIBGAS), donde el precio ha aumentado cerca de un 40% desde el pasado 27 de febrero. El impacto de este episodio internacional podría traducirse en una subida progresiva de la electricidad y del gas doméstico, especialmente para los consumidores cuyas tarifas están indexadas al mercado mayorista. El estrecho de Ormuz constituye una de las principales arterias energéticas del planeta: por él transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y cerca del 25% del gas natural licuado (GNL). Cualquier interrupción en esta ruta estratégica genera una reacción inmediata en los mercados energéticos globales. Europa, altamente dependiente de las importaciones energéticas, suele acusar con rapidez estas perturbaciones geopolíticas. En consecuencia, los incrementos en los precios mayoristas de gas terminan trasladándose a los sistemas eléctricos y, finalmente, a la factura de los consumidores. Un mercado energético global cada vez más sensible a las tensiones geopolíticas La evolución del precio del gas en Europa se encuentra estrechamente vinculada a referencias internacionales como el TTF holandés, uno de los indicadores clave del mercado europeo. Cuando estas referencias se tensionan, el impacto se traslada rápidamente a mercados regionales como el MIBGAS. En el sistema eléctrico español, el encarecimiento del gas tiene un efecto directo. Las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural para producir electricidad, fijan en numerosas ocasiones el precio marginal del mercado eléctrico. Por tanto, un gas más caro se traduce, casi automáticamente, en una electricidad más cara. Este mecanismo afecta especialmente a los hogares con tarifas indexadas al mercado mayorista, como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuya factura fluctúa en función de la evolución diaria del mercado eléctrico. El precedente de la crisis energética de 2022 El actual escenario recuerda inevitablemente a la crisis energética que sacudió Europa en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Aquella crisis disparó los precios del gas a niveles históricos y provocó una escalada sin precedentes en las facturas de electricidad y calefacción durante meses. Ante la gravedad de la situación, varios gobiernos europeos aprobaron medidas extraordinarias para contener el impacto en consumidores y empresas. Entre ellas destacó el mecanismo conocido como “excepción ibérica”, aplicado en España y Portugal, que limitó temporalmente el peso del gas en la formación del precio eléctrico. Aunque el contexto actual no apunta a un problema inmediato de suministro energético, los analistas advierten de que una prolongación del conflicto podría reproducir dinámicas similares a las observadas durante aquella crisis. Los mercados energéticos operan en un sistema profundamente interconectado, donde los acontecimientos geopolíticos pueden alterar los precios globales en cuestión de horas. La incertidumbre derivada del conflicto ha introducido una volatilidad creciente en los precios energéticos europeos. Impacto directo en la factura de los hogares En el caso del gas doméstico, las tarifas vinculadas al mercado ya están reflejando el encarecimiento registrado en las últimas semanas. Si la situación internacional se mantiene o se agrava, el incremento podría trasladarse también a las tarifas reguladas. Uno de los momentos clave será la próxima revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR), prevista para el 1 de abril, cuando el Gobierno actualiza periódicamente los precios regulados del gas para los consumidores acogidos a esta modalidad. Las compañías energéticas y plataformas de asesoramiento energético advierten de que la evolución del conflicto será determinante para conocer el alcance real del impacto en la factura doméstica. Danny Salazar, director general de la plataforma energética Hello Watt, señala que el encarecimiento ya comienza a percibirse en algunos contratos: “La subida ya se está trasladando a los hogares con tarifas de luz o gas ligadas al mercado. En este contexto, revisar la tarifa y valorar un contrato a precio fijo puede ayudar a evitar nuevas subidas en los próximos meses. Si la situación se prolonga, es probable que las comercializadoras trasladen progresivamente este encarecimiento también a nuevas tarifas fijas”. Revisar el contrato energético, una estrategia para amortiguar la subida Ante un contexto marcado por la volatilidad energética, los expertos recomiendan a los consumidores analizar su contrato energético y comparar las distintas ofertas disponibles en el mercado. La elección entre tarifas indexadas y tarifas fijas puede resultar determinante para el gasto energético anual. Mientras que las tarifas vinculadas al mercado reflejan de forma inmediata las variaciones de precio, los contratos a precio fijo ofrecen mayor estabilidad durante el periodo pactado. Plataformas especializadas como Hello Watt permiten comparar ofertas de distintas comercializadoras y optimizar los contratos en función del perfil de consumo de cada hogar. En un escenario internacional incierto, anticiparse a posibles subidas puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto energético familiar durante los próximos meses.

La vivienda se convierte en uno de los principales motores de exclusión

El informe dedica este año una atención especial a la relación entre acceso a la vivienda y pobreza, identificando este ámbito como uno de los principales factores de vulnerabilidad social.

Los datos muestran diferencias muy significativas según el régimen residencial. El 43,6 % de las personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5 % de quienes disponen de vivienda en propiedad.

La tasa de pobreza alcanza el 32,6 % entre los inquilinos del mercado libre, más del doble que entre los propietarios, donde se sitúa en el 14,5 %. La pobreza severa también presenta diferencias notables: afecta al 15,1 % de quienes viven de alquiler y al 5,4 % de quienes residen en una vivienda en propiedad.

Más de la mitad de los ingresos destinados a la vivienda

El coste de la vivienda continúa absorbiendo una parte creciente de los recursos económicos de los hogares vulnerables.

Las personas en situación de pobreza destinan de media el 34,2 % de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, porcentaje que supera el 50 % entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.

La mitad de las personas en pobreza severa soporta una sobrecarga económica asociada a la vivienda al destinar más del 40 % de sus ingresos a este concepto. A ello se suma la pobreza energética, que afecta al 15,9 % de la población incapaz de mantener una temperatura adecuada en su hogar durante el invierno.

La organización advierte además sobre la escasez de vivienda social en España, que representa únicamente el 3,3 % del parque residencial, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 9 %.

La infancia sigue siendo el colectivo más vulnerable

El informe vuelve a situar a la infancia entre los grupos más afectados por la pobreza.

Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, concretamente el 33,8 %, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto supone cerca de 2,7 millones de menores afectados. La pobreza infantil alcanza el 28,4 % y la pobreza severa el 12,5 %, porcentajes claramente superiores a los registrados para el conjunto de la población.

La vulnerabilidad se intensifica especialmente en los hogares monoparentales, donde una de cada dos personas está en riesgo de pobreza o exclusión social y más del 22 % vive en pobreza severa.

Migración y discapacidad agravan el riesgo

El estudio confirma igualmente las dificultades que afrontan determinados colectivos.

La tasa AROPE alcanza al 53,5 % de la población extracomunitaria, una situación que EAPN-ES relaciona con barreras estructurales como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la discriminación y las limitaciones en el acceso efectivo a derechos.

Las personas con discapacidad también presentan indicadores significativamente peores que la media nacional. El 32,2 % se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,5 % vive en pobreza y el 13,5 % sufre carencia material y social severa.

Las prestaciones sociales evitan la pobreza de 11 millones de personas

El informe reconoce el papel fundamental que desempeña el sistema de protección social.

Según los datos analizados, las transferencias y prestaciones públicas evitaron que cerca de 11 millones de personas cayeran en situación de pobreza durante 2025. De ellas, 8,1 millones se beneficiaron de pensiones de jubilación y supervivencia, mientras que otros 2,9 millones recibieron apoyo a través de distintas prestaciones sociales.

No obstante, EAPN-ES considera que la eficacia redistributiva del sistema español continúa siendo inferior a la de otros países europeos.

Antes de las transferencias sociales, España presenta niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda. Tras la intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13 %, Francia hasta el 16,3 % y España únicamente hasta el 19,5 %.

Nuevas políticas para romper el suelo de la pobreza

La organización reclama una estrategia más ambiciosa para afrontar una situación que considera estructural.

Entre sus propuestas figuran el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital, una mayor coordinación con las rentas autonómicas, el mantenimiento de medidas de protección frente a desahucios y pobreza energética, la ampliación de las ayudas a la vivienda y la implantación de una protección universal a la infancia.

Asimismo, EAPN-ES reclama que la futura Estrategia Europea contra la Pobreza se traduzca en financiación suficiente y compromisos concretos que permitan reducir de forma efectiva las tasas de pobreza y exclusión social en España.

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