La tasa AROPE se mantiene en el 25,7 % pese al crecimiento económico y al aumento del empleo, mientras la vivienda se consolida como uno de los principales factores de exclusión social
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) ha advertido de que las actuales políticas de protección social han frenado el avance de la pobreza, pero no están logrando reducir de forma significativa el número de personas afectadas. Así se desprende del XVI Informe El Estado de la Pobreza en España, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, que sitúa en 12,6 millones las personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social.
El estudio, elaborado a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, refleja que la tasa AROPE permanece en el 25,7 %, prácticamente sin variaciones respecto a ejercicios anteriores y por encima de los objetivos comprometidos por España en el marco de la Agenda 2030.
La organización considera que el mantenimiento de estos niveles de vulnerabilidad evidencia la necesidad de incorporar nuevas herramientas y reforzar las políticas públicas para afrontar factores estructurales que continúan alimentando la pobreza, especialmente en ámbitos como la vivienda, la infancia, la discapacidad o la integración de la población migrante.
La pobreza se mantiene pese al crecimiento económico
Uno de los principales mensajes del informe es la desconexión existente entre la evolución macroeconómica y la realidad social de una parte importante de la población.
Aunque España ha registrado mejoras en empleo y actividad económica durante los últimos años, los indicadores de pobreza permanecen estancados. La tasa de riesgo de pobreza afecta al 19,5 % de la población, el porcentaje más bajo de la serie histórica, pero todavía supone que 9,6 millones de personas viven con ingresos inferiores al umbral de pobreza.
Por su parte, la carencia material y social severa alcanza al 8,1 % de la población, cerca de cuatro millones de personas que no pueden permitirse al menos siete de los bienes, servicios o actividades considerados básicos para una vida digna.
La baja intensidad en el empleo se sitúa igualmente en el 8 %, completando los tres indicadores que conforman la tasa AROPE.
España continúa lejos de los objetivos de la Agenda 2030
El informe recuerda que España debería haber reducido la tasa AROPE hasta el 19,1 % para cumplir los compromisos establecidos en la Agenda 2030.
Sin embargo, el indicador permanece más de seis puntos por encima de esa meta, lo que supone que aproximadamente 3,2 millones de personas más tendrían que haber abandonado la situación de pobreza o exclusión social para alcanzar los objetivos previstos.
La pobreza severa afecta a casi cuatro millones de personas
Aunque la incidencia global de la pobreza apenas experimenta cambios, el informe detecta una ligera reducción en su intensidad.
La pobreza severa descendió cuatro décimas durante el último año y afecta actualmente al 8 % de la población. Aun así, cerca de 3,9 millones de personas sobreviven con ingresos inferiores a 680 euros mensuales.
El análisis muestra además cómo la acumulación de distintos factores de vulnerabilidad incrementa considerablemente el riesgo de exclusión.
La pobreza severa alcanza al 22,3 % de las personas que viven en hogares monoparentales, al 15,1 % de quienes residen en alquiler a precio de mercado y al 21,7 % de la población extracomunitaria. Cuando estos factores coinciden, las cifras se disparan: más de la mitad de las personas extracomunitarias que viven en hogares monoparentales se encuentran en situación de pobreza severa.

La vivienda se convierte en uno de los principales motores de exclusión
El informe dedica este año una atención especial a la relación entre acceso a la vivienda y pobreza, identificando este ámbito como uno de los principales factores de vulnerabilidad social.
Los datos muestran diferencias muy significativas según el régimen residencial. El 43,6 % de las personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5 % de quienes disponen de vivienda en propiedad.
La tasa de pobreza alcanza el 32,6 % entre los inquilinos del mercado libre, más del doble que entre los propietarios, donde se sitúa en el 14,5 %. La pobreza severa también presenta diferencias notables: afecta al 15,1 % de quienes viven de alquiler y al 5,4 % de quienes residen en una vivienda en propiedad.
Más de la mitad de los ingresos destinados a la vivienda
El coste de la vivienda continúa absorbiendo una parte creciente de los recursos económicos de los hogares vulnerables.
Las personas en situación de pobreza destinan de media el 34,2 % de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, porcentaje que supera el 50 % entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.
La mitad de las personas en pobreza severa soporta una sobrecarga económica asociada a la vivienda al destinar más del 40 % de sus ingresos a este concepto. A ello se suma la pobreza energética, que afecta al 15,9 % de la población incapaz de mantener una temperatura adecuada en su hogar durante el invierno.
La organización advierte además sobre la escasez de vivienda social en España, que representa únicamente el 3,3 % del parque residencial, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 9 %.
La infancia sigue siendo el colectivo más vulnerable
El informe vuelve a situar a la infancia entre los grupos más afectados por la pobreza.
Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, concretamente el 33,8 %, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto supone cerca de 2,7 millones de menores afectados. La pobreza infantil alcanza el 28,4 % y la pobreza severa el 12,5 %, porcentajes claramente superiores a los registrados para el conjunto de la población.
La vulnerabilidad se intensifica especialmente en los hogares monoparentales, donde una de cada dos personas está en riesgo de pobreza o exclusión social y más del 22 % vive en pobreza severa.
Migración y discapacidad agravan el riesgo
El estudio confirma igualmente las dificultades que afrontan determinados colectivos.
La tasa AROPE alcanza al 53,5 % de la población extracomunitaria, una situación que EAPN-ES relaciona con barreras estructurales como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la discriminación y las limitaciones en el acceso efectivo a derechos.
Las personas con discapacidad también presentan indicadores significativamente peores que la media nacional. El 32,2 % se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,5 % vive en pobreza y el 13,5 % sufre carencia material y social severa.
Las prestaciones sociales evitan la pobreza de 11 millones de personas
El informe reconoce el papel fundamental que desempeña el sistema de protección social.
Según los datos analizados, las transferencias y prestaciones públicas evitaron que cerca de 11 millones de personas cayeran en situación de pobreza durante 2025. De ellas, 8,1 millones se beneficiaron de pensiones de jubilación y supervivencia, mientras que otros 2,9 millones recibieron apoyo a través de distintas prestaciones sociales.
No obstante, EAPN-ES considera que la eficacia redistributiva del sistema español continúa siendo inferior a la de otros países europeos.
Antes de las transferencias sociales, España presenta niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda. Tras la intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13 %, Francia hasta el 16,3 % y España únicamente hasta el 19,5 %.
Nuevas políticas para romper el suelo de la pobreza
La organización reclama una estrategia más ambiciosa para afrontar una situación que considera estructural.
Entre sus propuestas figuran el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital, una mayor coordinación con las rentas autonómicas, el mantenimiento de medidas de protección frente a desahucios y pobreza energética, la ampliación de las ayudas a la vivienda y la implantación de una protección universal a la infancia.
Asimismo, EAPN-ES reclama que la futura Estrategia Europea contra la Pobreza se traduzca en financiación suficiente y compromisos concretos que permitan reducir de forma efectiva las tasas de pobreza y exclusión social en España.
