Alejandro Vázquez advierte en el Consejo Territorial de Servicios Sociales de que el incremento anunciado para 2026 tiene carácter puntual y no garantiza la estabilidad de un sistema que atiende a 128.000 personas dependientes en la Comunidad.
El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la deuda de más de 4.600 millones de euros que, según la Junta de Castilla y León, mantiene acumulada el Gobierno central con la Comunidad en materia de atención a la dependencia. La reivindicación se ha producido durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde el Ejecutivo autonómico ha cuestionado el alcance del incremento de financiación anunciado para 2026.
Financiación
Vázquez ha señalado que la aportación aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto-Ley para alcanzar el 50% de financiación estatal no resuelve el problema estructural del sistema. A su juicio, se trata de una medida puntual que no garantiza la viabilidad a medio y largo plazo ni compensa la cantidad que Castilla y León ha tenido que aportar en ejercicios anteriores ante la insuficiente contribución estatal.
El consejero ha recordado que la Comunidad lleva años reclamando el cumplimiento de la obligación recogida en la Ley estatal, que establece una aportación del 50% por parte del Gobierno central. La Junta sostiene que esa financiación no ha llegado en los términos previstos y que la Comunidad ha asumido con recursos propios una parte creciente del coste del sistema.
El incremento para 2026 se produce, además, en un contexto de presupuestos generales prorrogados desde 2023 y mediante un decreto de carácter temporal. Para Castilla y León, esa fórmula genera incertidumbre y dificulta la planificación de un modelo que requiere estabilidad presupuestaria.
Deuda
La cuantía reclamada por la Junta asciende a 4.631.711.373 euros, acumulados a lo largo de los años en los que el Estado no habría aportado la cantidad que le correspondía para financiar el Sistema de Atención a la Dependencia.
De esa cifra, 664.397.759 euros corresponderían a la actual legislatura, según los datos trasladados por el consejero. Vázquez ha insistido en que el incremento puntual de la financiación no exime al Gobierno central de la deuda contraída con Castilla y León en los ejercicios previos.
El planteamiento autonómico distingue entre la financiación futura y la compensación de los recursos ya asumidos por la Comunidad. Para la Junta, cubrir una parte mayor del sistema en 2026 no cancela los importes pendientes derivados de años anteriores.
Estabilidad
La principal preocupación expresada por Castilla y León se centra en la continuidad del modelo. El consejero ha advertido de que la financiación aprobada para 2026 no ofrece garantías para 2027 ni para los ejercicios posteriores.
Esa falta de continuidad afecta directamente a un sistema que atiende a 128.000 personas en situación de dependencia en la Comunidad. La planificación de servicios, prestaciones, profesionales, conciertos y recursos asistenciales exige un marco financiero previsible, especialmente en un ámbito con necesidades crecientes.
Vázquez ha defendido que la dependencia no puede sostenerse con medidas excepcionales o de vigencia limitada. La atención a las personas dependientes requiere una financiación estable, suficiente y adaptada a la evolución real de los costes.
Modelo
El consejero ha propuesto para Castilla y León un esquema similar al acordado entre el Gobierno y la Comunidad del País Vasco, fuera del Real Decreto-Ley aprobado recientemente.
Según ha explicado, ese pacto no garantiza únicamente el 50% del nivel mínimo que debe aportar el Ejecutivo central, sino el 50% de todo el gasto certificado. Además, incorpora garantía de financiación para 2027, una continuidad que la Junta considera imprescindible para asegurar la estabilidad del sistema.
La comparación con el modelo vasco refuerza la demanda de Castilla y León de contar con un marco más sólido y menos condicionado por decisiones puntuales. El objetivo autonómico es disponer de una financiación ajustada al gasto real y no solo a una parte limitada del sistema.
Costes
La Junta ha mostrado también su preocupación por la situación presupuestaria del nuevo modelo de dependencia, cuya ley se encuentra en tramitación. El Ejecutivo autonómico considera que el Real Decreto-Ley tiene un carácter estrictamente temporal y no prevé la evolución del coste real de los servicios y prestaciones.
El consejero ha señalado además que el Ministerio ha previsto un incremento de trabajadores en los próximos años, lo que elevará las necesidades económicas del sistema. Sin una financiación estable, ese aumento de recursos humanos puede tensionar aún más las cuentas autonómicas.
El debate financiero se vincula, por tanto, a la sostenibilidad del modelo. Castilla y León reclama que cualquier reforma de la dependencia incorpore una memoria económica realista y una distribución clara de responsabilidades entre administraciones.
Sistema
La atención a la dependencia constituye uno de los pilares de los servicios sociales en Castilla y León. La Comunidad atiende a casi 130.000 personas, con una red de prestaciones y servicios que debe responder al envejecimiento de la población, la dispersión territorial y el incremento de necesidades de apoyo.
En ese contexto, la financiación condiciona la capacidad del sistema para mantener tiempos de respuesta, sostener recursos profesionales y garantizar continuidad en la atención. La Junta defiende que la insuficiencia de la aportación estatal ha obligado a la Comunidad a asumir un esfuerzo económico adicional durante años.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha vuelto a situar esa cuestión en el centro del debate político entre administraciones. Castilla y León reclama que el Gobierno central pase de una aportación extraordinaria a un modelo estable, certificado y con continuidad.
Futuro
La discusión sobre la financiación de la dependencia queda abierta en un momento de reforma normativa y de aumento de necesidades asistenciales. Para Castilla y León, el incremento anunciado para 2026 supone un reconocimiento parcial de una reivindicación histórica, pero no resuelve el fondo del problema.
La Comunidad exige la compensación de la deuda acumulada, garantías de financiación para ejercicios posteriores y un modelo que tenga en cuenta el gasto real certificado. La dependencia, sostiene la Junta, necesita previsión presupuestaria y no decisiones limitadas a un solo ejercicio.
El planteamiento trasladado por Alejandro Vázquez al ministro Pablo Bustinduy sitúa la estabilidad financiera como condición esencial para proteger un sistema que atiende a miles de personas dependientes y que requiere planificación a medio y largo plazo.
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