Nueve de cada diez conductores reclama limitar el precio del combustible

Un barómetro de OpinionWay realizado en siete países sitúa en el 96 % el respaldo en España a algún tipo de límite al precio de los carburantes. El diésel rondaba a mediados de agosto los 1,82 euros por litro y la gasolina los 1,70, mientras el vehículo eléctrico mantiene una ventaja clara cuando puede recargarse en casa.

La práctica totalidad de los conductores españoles respalda establecer algún mecanismo que limite el precio de los carburantes en un momento en que el diésel vuelve a superar ampliamente los 1,80 euros por litro y la gasolina ronda los 1,70. El barómetro europeo Europeans and the Car, elaborado por OpinionWay entre más de 7.000 conductores de siete países, sitúa el apoyo a esta medida en España en el 96 %, cuatro puntos por encima del promedio europeo del 92 %.

El dato es incluso superior al 91 % recogido en la comunicación difundida posteriormente en España a partir del mismo estudio. La publicación general del barómetro, presentada el 23 de junio, ofrece el 96 % para el mercado español y muestra además que el 95 % de los europeos considera que desplazarse resulta cada vez más caro.

La preocupación coincide con un nuevo repunte de los carburantes durante el verano. El último Boletín Petrolero semanal de la Comisión Europea disponible, correspondiente al 13 de agosto, situaba España alrededor de 1,70 euros por litro para la gasolina de 95 octanos y 1,82 euros para el gasóleo. Las medias nacionales esconden diferencias importantes entre estaciones y explican que algunos surtidores se aproximen ya a los dos euros.

Agosto recupera cinco céntimos de fiscalidad por litro

Parte del movimiento registrado al comenzar agosto tiene una explicación fiscal.

España había reducido durante julio los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos como una de las medidas adoptadas frente a la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio. Para la gasolina sin plomo más habitual, la suma de los tipos general y especial pasó en julio a 322,69 euros por 1.000 litros y la del gasóleo a 229 euros.

El Real Decreto-ley 18/2026 estableció para agosto una recuperación parcial de esos tipos salvo que los precios hubieran registrado una subida interanual superior al 15 % en junio. La condición finalmente no se produjo. El INE constató que los combustibles y lubricantes para vehículos personales habían bajado respecto al mismo mes de 2025.

Como resultado, desde el 1 de agosto la fiscalidad aumentó aproximadamente cinco céntimos por litro respecto a julio tanto para la gasolina sin plomo como para el gasóleo de automoción. La subida observada en las estaciones responde, por tanto, a una combinación de precios internacionales, mercado mayorista e incremento parcial de los impuestos, y evita reducir su explicación únicamente al comportamiento de las petroleras o al comienzo de las vacaciones.

El 96 % de los conductores españoles consultados por OpinionWay respalda algún tipo de límite al precio de los carburantes.

El eléctrico cuesta menos cuando la recarga se hace en casa

El encarecimiento ha vuelto a poner en primer plano el coste de utilización de cada tecnología. La comparación, sin embargo, necesita realizarse bajo las mismas condiciones.

Los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica calculan un coste de 9,68 euros por cada 100 kilómetros para un vehículo de gasolina, 8,56 euros para uno diésel y 2,75 euros para un eléctrico con recarga doméstica. La ventaja prácticamente desaparece cuando el eléctrico depende de recarga rápida pública, cuyo coste medio de referencia se eleva a 8,37 euros por cada 100 kilómetros.

Estas cifras matizan comparaciones comerciales que reducen un viaje como Madrid-Valencia a unos cinco euros en electricidad. Aplicando la referencia oficial a una distancia próxima a 360 kilómetros, una recarga doméstica equivaldría a unos 10 euros, mientras la carga rápida podría acercarse a 30 euros. El resultado final depende del consumo concreto del coche, la tarifa eléctrica, la velocidad, la temperatura y el lugar de recarga.

La diferencia económica entre tecnologías existe, pero está estrechamente relacionada con la posibilidad de disponer de un punto doméstico. Para conductores sin garaje propio o que dependen habitualmente de cargadores rápidos, el coste operativo puede aproximarse mucho más al de un vehículo de combustión.

España supera los 56.000 puntos de recarga operativos

La infraestructura continúa aumentando. España cerró el segundo trimestre de 2026 con 56.682 puntos públicos de recarga en funcionamiento, 1.605 más que tres meses antes, según ANFAC. El crecimiento trimestral fue del 2,9 %.

El dato presenta también un reverso. Otros 17.821 cargadores estaban instalados pero todavía fuera de servicio, casi una cuarta parte de toda la infraestructura desplegada. Si pudieran activarse, la red alcanzaría 74.503 puntos. ANFAC identifica los retrasos en los procesos de conexión y acceso a la red entre los principales obstáculos.

El 70 % de los puntos operativos continúa además situado en potencias de hasta 22 kW, mientras las instalaciones de 250 kW o más representan aproximadamente el 5 % de la red. La disponibilidad total de cargadores resulta así tan relevante como su potencia y su localización para los desplazamientos de larga distancia.

El coste pesa cada vez más en la elección del coche

El barómetro de OpinionWay refleja un cambio más amplio en las decisiones de movilidad. El 95 % de los conductores europeos consultados considera que desplazarse cuesta cada vez más, el 64 % afirma haber reducido viajes prescindibles y el 38 % ha retrasado la sustitución de su vehículo por razones económicas.

España destaca además por su disposición declarada hacia tecnologías electrificadas. El 70 % de los encuestados españoles consideraría un eléctrico o un híbrido en su próxima compra, el porcentaje más elevado entre los siete países examinados. Esa predisposición convive con obstáculos ya conocidos como el precio de adquisición, la posibilidad de recargar en casa y las diferencias territoriales en la infraestructura pública.

El debate sobre el combustible acaba así trascendiendo el precio visible en el surtidor. Para los hogares, la decisión sobre qué vehículo utilizar depende del coste de compra, financiación, mantenimiento, energía, impuestos y disponibilidad de infraestructura durante varios años.

La subida de agosto ha devuelto la atención al primero de esos gastos recurrentes. Y la respuesta de los conductores españoles resulta suficientemente clara: cuando el litro de diésel supera los 1,80 euros, una mayoría casi unánime considera que el mercado necesita algún mecanismo para contener el precio.


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