La organización plantea reforzar las pensiones, elevar la financiación de la dependencia hasta el 1,7 % del PIB y garantizar el acceso a la sanidad, los cuidados y la vivienda. Sus propuestas incluyen medidas contra la soledad y el edadismo, una mayor protección de las personas mayores del medio rural y una estrategia nacional de longevidad.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha iniciado una campaña de interlocución con las formaciones políticas para trasladarles 14 propuestas destinadas a situar el envejecimiento de la población entre las prioridades de la próxima legislatura. El documento reúne medidas relacionadas con la sostenibilidad del sistema de pensiones, la atención sanitaria, los cuidados de larga duración, la accesibilidad, la vivienda y la participación social, con especial atención a las desigualdades que afectan a las personas mayores y a las personas con discapacidad de edad avanzada.
La iniciativa parte de una transformación demográfica que está modificando las necesidades asistenciales, económicas y sociales del país. Según los datos recogidos por la organización, las personas de 65 años o más representan el 21,1 % de la población residente en España y cerca de una cuarta parte del electorado, una realidad que, a juicio de la PMP, exige incorporar la longevidad a la planificación de las políticas públicas.
La Plataforma reclama a los partidos «compromisos concretos que permitan garantizar derechos, autonomía, bienestar y participación a lo largo de todo el proceso de envejecimiento», mediante actuaciones coordinadas entre las distintas administraciones y una financiación que permita desarrollar los servicios previstos.
Pensiones
La protección económica constituye uno de los principales apartados del documento, que defiende un sistema público de pensiones suficiente, sostenible y equitativo. Entre las medidas propuestas figuran la actualización de las prestaciones conforme al IPC real, el refuerzo de las pensiones mínimas y no contributivas y la reducción de las diferencias económicas entre hombres y mujeres.
La PMP vincula estas reivindicaciones con la necesidad de garantizar ingresos adecuados durante la jubilación, especialmente entre quienes han desarrollado trayectorias laborales discontinuas o han asumido responsabilidades familiares y de cuidados que han condicionado sus cotizaciones.
La organización también propone abordar estas cuestiones mediante un pacto intergeneracional que incorpore la equidad y la responsabilidad compartida como principios para afrontar los cambios demográficos.
Sanidad y dependencia
En el ámbito asistencial, la Plataforma reclama la creación de un Plan Nacional de Atención Sanitaria a las Personas Mayores que refuerce la atención geriátrica especializada, la salud mental y la reducción de los tiempos de espera, al tiempo que mejore la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y de cuidados.
Esta coordinación constituye igualmente uno de los elementos centrales de sus propuestas sobre dependencia. La PMP solicita que la reforma de la legislación estatal se desarrolle de manera ágil y homogénea en todo el territorio, acompañada de una financiación pública estable que permita avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del producto interior bruto.
El documento defiende, además, un modelo de atención centrado en la persona, con mayores recursos para los servicios de ayuda a domicilio, la asistencia personal y el apoyo a las familias cuidadoras. El objetivo es favorecer que quienes necesitan apoyos puedan continuar viviendo en sus hogares y comunidades, de acuerdo con sus preferencias y circunstancias personales.
Estas medidas se integran en una concepción de los cuidados que contempla tanto las necesidades asistenciales como la autonomía, la participación y la capacidad de decisión de las personas mayores.
Nueva longevidad
La PMP propone aprobar una Estrategia Nacional para la Nueva Longevidad que permita coordinar las políticas relacionadas con la vivienda, la accesibilidad, la movilidad, la transformación digital, los cuidados y la participación comunitaria.
Junto a esta iniciativa, plantea una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que refuerce su protección jurídica y establezca medidas específicas frente al edadismo, entendido como la discriminación asociada a la edad.
La accesibilidad ocupa otro apartado destacado. La organización reclama actuaciones para adaptar viviendas, edificios y espacios públicos a las necesidades de una población cada vez más longeva, con el propósito de facilitar la movilidad y la permanencia en el entorno habitual.
En materia digital, solicita que la incorporación de nuevas tecnologías a los servicios públicos y privados mantenga alternativas de atención presencial y telefónica, especialmente para quienes encuentran dificultades en el uso de plataformas electrónicas.
La reivindicación se extiende al sector financiero, donde la PMP pide aprobar prioritariamente la Ley de Defensa del Cliente Financiero y establecer un sistema público, gratuito y accesible de resolución de reclamaciones, con decisiones vinculantes y mecanismos específicos de protección para las personas consumidoras vulnerables.
Medio rural
Las desigualdades territoriales constituyen otro de los ejes del documento, que reclama garantizar a las personas mayores residentes en municipios rurales el acceso efectivo a servicios sanitarios, atención social, prestaciones de dependencia y recursos comunitarios.
La Plataforma propone reforzar el transporte público adaptado, la conectividad digital y la atención financiera presencial, además de desarrollar programas de acompañamiento y prevención de la soledad.
Estas reivindicaciones adquieren especial importancia en comunidades como Castilla y León, donde la dispersión de la población y la existencia de numerosos municipios de pequeño tamaño condicionan la organización y prestación de los servicios.
La PMP considera que el lugar de residencia debe tenerse en cuenta en la planificación de los recursos, para evitar que las dificultades de desplazamiento o la distancia respecto a los principales núcleos urbanos limiten el ejercicio de los derechos.
Soledad y participación
La organización reclama también financiación específica, suficiente y estable para desarrollar el Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030, mediante medidas de detección temprana, acompañamiento comunitario, recursos de proximidad y teleasistencia avanzada.
A estas actuaciones añade la necesidad de ampliar la presencia de las personas mayores y de las personas mayores con discapacidad en los órganos de representación y en los espacios donde se diseñan las políticas que les afectan.
La propuesta contempla mecanismos permanentes de participación para que las organizaciones representativas puedan intervenir tanto en la elaboración de las medidas como en su ejecución y evaluación.
En el ámbito internacional, la PMP insta al futuro Gobierno a mantener una participación activa en Naciones Unidas para avanzar hacia una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, con el propósito de fortalecer su reconocimiento y protección jurídica.
El documento concluye con una reivindicación de la solidaridad entre generaciones como elemento transversal de las políticas de longevidad. La Plataforma sostiene que las respuestas a los desafíos relacionados con las pensiones, los cuidados, la vivienda, el empleo y la cohesión territorial requieren compromisos compartidos entre personas de diferentes edades.
«Una sociedad preparada para la longevidad debe ser, necesariamente, una sociedad para todas las edades», señala la organización, que pide convertir sus 14 propuestas en compromisos verificables durante la próxima legislatura.
