El buen trato a las personas mayores exige detección precoz, derechos y libertad de elección

En pleno siglo XXI, cuando las democracias consolidadas proclaman su lealtad a la equidad, la solidaridad entre generaciones y los derechos fundamentales, persisten situaciones que quebrantan, de forma alarmante, la dignidad de las personas mayores. No se puede obviar que la mayoría de los centros residenciales en nuestra Comunidad Autónoma operan bajo principios de respeto, vocación y profesionalidad. Muchos constituyen verdaderos espacios de acompañamiento, atención sanitaria de calidad y cuidado afectivo, sobre todo para quienes han perdido el respaldo familiar o presentan altos grados de dependencia. Sin embargo, sería un ejercicio de irresponsabilidad utilizar el buen funcionamiento de la mayoría como pretexto para no escrutar aquellos casos que evidencian fallos del sistema. La sociedad tiene un deber ineludible con sus mayores. No únicamente por lo que representaron en la construcción del país —económica, educativa y democráticamente—, sino porque su vulnerabilidad actual los convierte en sujetos prioritarios de protección. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a una existencia decorosa en la tercera edad, incluyendo el acceso a vivienda adecuada, alimentación suficiente, asistencia sanitaria y respaldo social. España ha suscrito tratados internacionales que ratifican dicho principio, como el Protocolo de San Salvador o la Carta Social Europea. No obstante, la aplicación efectiva de estas normas sigue siendo, en demasiadas ocasiones, desigual y dependiente del entorno socioeconómico o del municipio de residencia. El trato digno no es una concesión ni un gesto voluntario: es una obligación jurídica, ética y moral. Toda forma de sujeción física carente de justificación médica o sin supervisión facultativa constituye una transgresión de derechos fundamentales. Pero, atención, no existe política pública eficaz sin implicación ciudadana. El trato respetuoso a los/as adultos/as no puede ser una aspiración impuesta exclusivamente desde las administraciones, sino una responsabilidad compartida. La sociedad civil debe asumir un papel activo: familiares, allegados, vecinos, profesionales, voluntarios y nosotros, los propios medios de comunicación. No se puede generalizar un maltrato en todos los centros, y tratar con excepcionalidad cada caso, pero no se puede obviar ni utilizar de manera sensacionalista. Hay que respetar desde la imagen individual de la persona hasta la del colectivo. Porque las profesionales que trabajan en infraestructuras residenciales merecen el mayor de los respetos, y la mayor visibilidad posible, desde la dirección hasta la limpiadora, y condenando a todos por un caso se está cometiendo la mayor injusticia del mundo, junto con la del maltrato. Las unidades convivenciales, el cohousing, los centros integrados en barrios y los proyectos intergeneracionales son modelos probados y eficaces. No todo depende de la dotación económica: también hacen falta planificación, liderazgo y diálogo con todos los agentes implicados, y cambio en las Leyes como se está produciendo. Pero ojo, como familiares, tenemos que ser conscientes de que si ‘rateamos’ en los precios, si como sociedad, hijos, nietos, queremos gastarnos lo mismo en un mes de atención que en una plaza de garaje estamos muy equivocados. La inversión pública y privada que hay que hacer para garantizar la calidad de los servicios tiene que ir de la mano de la concienciación de que las presonas no son un gasto, ni un banco sobre el que después recibir la herencia. La dignidaidad no debería medirse por el egoismo, sino por la solidaridad tanto en el entorno familiar como en el del Estado de Bienestar, y por favor, con una financiación digna dentro de los Presupuestos Generales del Estado para que nadie se quede fuera. Cuidar es respetar, proteger, acompañar durante toda la vida.

Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja alerta de que ocho de cada diez personas mayores atendidas por maltrato son mujeres, mientras ACALERTE advierte de que negar la capacidad de decidir también constituye una forma de maltrato

El maltrato a las personas mayores continúa siendo una de las formas de violencia más invisibilizadas, especialmente cuando se produce en entornos familiares o de cuidados, donde la dependencia emocional, económica o funcional dificulta la detección y la denuncia. Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, Cruz Roja Española ha advertido de que ocho de cada diez personas mayores atendidas por situaciones de maltrato o riesgo de sufrirlo son mujeres.

La organización atendió en 2025 a 2.229 personas mayores a través del proyecto “Buen trato a las Personas Mayores”, una iniciativa cofinanciada con el 0,7% del IRPF y desarrollada en 96 municipios con la participación de 490 personas voluntarias. Del total de personas atendidas, el 80% fueron mujeres, un dato que confirma la persistencia de una desigualdad especialmente acusada en la vejez.

Desde 2017, Cruz Roja ha prestado apoyo a más de 31.000 personas mayores en situación de vulnerabilidad frente al maltrato, de las cuales el 85% eran mujeres.

Una violencia que suele permanecer oculta

El maltrato hacia las personas mayores adopta formas diversas y no siempre resulta visible. Puede manifestarse mediante violencia física, psicológica, económica o sexual, pero también a través del abandono, la negligencia, la vulneración de derechos, el aislamiento o el maltrato social.

Según Cruz Roja, el maltrato psicológico continúa siendo la forma más frecuente entre los casos atendidos, seguido del abandono, el abuso económico y la negligencia.

La organización subraya que muchas de estas situaciones se producen en espacios de confianza, especialmente dentro del entorno familiar o de cuidados. Esa proximidad con la persona agresora, unida al miedo, la vergüenza, la culpa o la dependencia, dificulta que las víctimas identifiquen lo que ocurre y puedan pedir ayuda.

“La visibilización del maltrato a las personas mayores y la sensibilización social son fundamentales para reconocer una realidad con frecuencia oculta”, señala Ramón Jané, director de Inclusión Social de Cruz Roja Española. “Hacerla visible favorece una mayor conciencia colectiva, impulsa la denuncia y mejora los mecanismos de detección temprana. Y en esta línea de prevención es en la que queremos avanzar”, añade.

Un total de 15 centros de mayores repartidos por distintas comunidades autónomas iniciarán a comienzos de 2026 su adhesión al programa Desatar 2.0, una iniciativa pionera orientada a mejorar de forma integral la atención a las personas mayores con demencia en el ámbito residencial. El programa está impulsado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y supone un salto cualitativo respecto al modelo tradicional de cuidados. De estos centros, ocho pertenecen al Grupo Savia, con presencia destacada en la Comunidad Valenciana, mientras que los siete restantes forman parte del Grupo Emera, una de las grandes cadenas residenciales de ámbito estatal. Ambas entidades se consolidan así como principales precursoras de la implantación del programa, con el objetivo de extender progresivamente estos estándares al conjunto de sus centros. Un paso más allá de la eliminación de sujeciones Los programas Desatar y Desatar 2.0 están dirigidos por el doctor Antonio Burgueño y promovidos por CEOMA con un objetivo claro: erradicar las sujeciones físicas y el uso inadecuado de psicofármacos en personas mayores con Alzheimer y otros procesos de demencia, garantizando cuidados dignos y personalizados. Actualmente, más de 200 residencias en España ya han eliminado las sujeciones, demostrando que es posible ofrecer una atención segura y respetuosa sin recurrir a restricciones físicas o químicas. El programa Desatar 2.0 da un paso más y permite a los centros ampliar su acreditación como “Centros Especialmente Amigables con las Personas Mayores con Demencia”, siempre que cumplan con 65 exigentes parámetros de calidad asistencial. Formación, espacios y organización: las claves del modelo La adhesión al programa implica un proceso de transformación profunda, sustentado en la formación continuada de los profesionales, la revisión de los modelos organizativos y la adaptación de los espacios. “La idea fuerza de Desatar 2.0 es vivir bien con demencia en una residencia”, subraya Burgueño, quien destaca que, aunque los centros libres de sujeciones ya son más amigables, “todavía se puede mejorar mucho más la vida de estas personas”. Entre los 65 criterios que evalúa el programa se incluyen: Formación especializada de los equipos profesionales. Diseño de espacios adaptados y seguros. Organización flexible de la convivencia. Uso de herramientas específicas de atención centrada en la persona. Información y acompañamiento a las familias. El entorno adquiere un papel central como “tercer cuidador”, con espacios diferenciados que responden a las distintas necesidades, capacidades y ritmos de las personas residentes. Un reto asistencial de primer orden Según los datos manejados por el programa, el 67% de las personas que viven en residencias presentan algún tipo de demencia. Cuando no se aplican modelos específicos, muchas de ellas sufren sobrestimulación, infraestimulación o demandas cognitivas inadecuadas, lo que impacta directamente en su bienestar y calidad de vida. En este contexto, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha reclamado mayores recursos públicos, tanto para mejorar los diagnósticos precoces como para reforzar la atención domiciliaria. “El Alzheimer no borra la dignidad de las personas que lo padecen, y es una obligación colectiva garantizar los cuidados que necesitan”, ha señalado. Un modelo alineado con la atención centrada en la persona La implantación de Desatar 2.0 refuerza el avance hacia un modelo de atención más humano, ético y basado en la evidencia, alineado con los principios de la atención centrada en la persona y con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de envejecimiento y dependencia. La adhesión de estas 15 residencias marca un nuevo hito en la transformación del sector y sitúa a España como referente europeo en cuidados libres de sujeciones y centrados en la dignidad de las personas con demencia. Sobre CEOMA La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones, integrando a 26 organizaciones de mayores de distintas comunidades autónomas. Más información: https://www.ceoma.org — F. E DUQUE

El factor de género en la vejez

Los datos de Cruz Roja muestran una tendencia sostenida: ser mujer incrementa de forma significativa el riesgo de sufrir maltrato en edades avanzadas.

Ese riesgo puede agravarse cuando confluyen otros factores de vulnerabilidad, como el origen, la pertenencia a minorías religiosas, una orientación sexual no normativa, la soledad, la dependencia económica o la falta de redes de apoyo.

La organización insiste en que la intervención frente al maltrato en la vejez debe incorporar una mirada integral, capaz de detectar no solo las agresiones evidentes, sino también aquellas formas de control, desatención o privación de derechos que pasan inadvertidas en la vida cotidiana.

Formación, prevención y redes de apoyo

Uno de los principales ejes del proyecto de Cruz Roja es la formación de equipos técnicos y voluntarios para mejorar la detección precoz de los casos.

A esta línea de trabajo se suman acciones de sensibilización dirigidas a las propias personas mayores, con el objetivo de que conozcan sus derechos, identifiquen situaciones de riesgo y dispongan de herramientas para defenderse ante posibles abusos.

La creación de redes de protección constituye otro elemento esencial. Cruz Roja mantiene colaboración con instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior a través del Plan Mayor, la Fundación del Notariado, la Fundación Mutualidad de la Abogacía, centros de salud, servicios sociales, centros de mayores, entidades de personas mayores y organizaciones del Tercer Sector.

Más de mil personas sensibilizadas en Palencia

En la provincia de Palencia, Cruz Roja ha sensibilizado durante 2025 a 1.060 personas a través del proyecto “Buen trato a la persona mayor: promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato”, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las actuaciones se han desarrollado mediante acciones de información, sensibilización y formación, entre ellas talleres como el “Plan Mayor de Seguridad: prevención de timos, robos y estafas”, realizados en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Estas actividades han permitido informar y acompañar a 62 personas en el ámbito provincial.

En intervención directa, el proyecto ha atendido a 13 personas mayores en Palencia, de las cuales casi el 77% son mujeres. En concreto, han sido atendidas 10 mujeres y 3 hombres. La labor se ha desarrollado con la implicación de 31 personas voluntarias, 21 mujeres y 10 hombres.

Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja en Palencia participará el 13 de junio en Burgos en un encuentro formativo autonómico bajo el título “Trabajando por los derechos de las personas mayores”, dirigido a personal técnico y voluntariado.

ACALERTE amplía el concepto de maltrato

La Federación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia (ACALERTE) ha reclamado también, con motivo de esta conmemoración internacional, ampliar la mirada sobre el maltrato hacia las personas mayores.

La organización advierte de que el maltrato no siempre se expresa mediante una agresión directa, un insulto o una negligencia visible. También aparece cuando una persona mayor deja de ser escuchada, cuando otros deciden por ella o cuando el sistema no le ofrece opciones reales para elegir cómo y dónde quiere recibir cuidados.

“Cuando una persona mayor deja de contar, cuando se decide por ella o cuando se da por hecho que ya no puede elegir, estamos ante una forma de maltrato que la sociedad ha normalizado demasiado. Cuidar bien empieza por reconocer que sus derechos no caducan con la edad”, señala Diego Juez, presidente de ACALERTE.

Libertad de elección en los cuidados

ACALERTE pone el foco en el edadismo cotidiano y en la necesidad de reconocer a las personas mayores como ciudadanos con derechos, preferencias, historia de vida y capacidad para participar en las decisiones que afectan a su día a día.

La federación considera que Castilla y León ha demostrado una elevada capacidad de respuesta en el sistema de dependencia y figura entre las comunidades con menor limbo de la dependencia. Sin embargo, sostiene que el siguiente paso debe orientarse hacia la personalización de los cuidados y la libertad de elección.

En este sentido, reclama revisar y reforzar las prestaciones económicas vinculadas al servicio para que las personas mayores y sus familias puedan acceder al recurso que mejor responda a sus necesidades reales, ya sea ayuda a domicilio, centro de día, teleasistencia avanzada, atención residencial u otros apoyos profesionales.

“Una persona no necesita siempre el mismo recurso ni en el mismo momento. El sistema debe ser capaz de acompañar los cambios de la vida, ofrecer alternativas y permitir que cada persona reciba el apoyo que necesita sin que su decisión esté condicionada por la falta de recursos o por una prestación insuficiente”, apunta Juez.

Una red profesional fuerte contra el maltrato estructural

ACALERTE defiende que la prevención del maltrato estructural exige una red profesional suficiente, bien financiada y capaz de ofrecer respuestas tanto en los domicilios como en los centros especializados.

La organización reclama reforzar plantillas, prestigiar el empleo en los cuidados, mejorar la coordinación sociosanitaria y garantizar recursos adecuados en residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.

En una comunidad especialmente envejecida y dispersa como Castilla y León, disponer de una red amplia y flexible resulta determinante para que las personas mayores puedan recibir atención cerca de su entorno siempre que sea posible y acceder a otros recursos cuando sus necesidades cambian.

“No podemos hablar de prevención del maltrato sin hablar de derechos, de escucha, de recursos y de libertad de elección. Castilla y León debe seguir avanzando hacia un sistema de cuidados que no solo responda, sino que permita a cada persona decidir cómo quiere vivir y ser cuidada”, concluye Diego Juez.

Derechos que no caducan con la edad

La conmemoración del 15 de junio vuelve a situar en primer plano una realidad que requiere prevención, formación profesional, sensibilización social y redes de apoyo eficaces.

Los datos de Cruz Roja muestran la dimensión de un problema que afecta de forma mayoritaria a mujeres mayores y que con frecuencia permanece oculto en espacios privados. La reflexión planteada por ACALERTE añade además una dimensión estructural: el derecho de las personas mayores a decidir sobre sus cuidados, su proyecto de vida y los apoyos que necesitan.

Ambas perspectivas coinciden en una idea central: el buen trato no consiste únicamente en evitar el daño, sino en reconocer la dignidad, la autonomía y la capacidad de decisión de las personas mayores durante toda la vida.