El Observatorio Estatal para la Dependencia cifra en 265.460 las personas pendientes de valoración o de prestación y advierte de que 13.503 fallecieron esperando una respuesta administrativa hasta mayo
La lista de espera de la dependencia ha aumentado en 7.293 personas durante los cinco primeros meses de 2026, hasta situarse en 265.460 personas pendientes de algún trámite del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Así lo recoge el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos oficiales cerrados a 31 de mayo.
El documento advierte además de que 13.503 personas fallecieron entre enero y mayo mientras permanecían en las listas de espera de la dependencia, lo que equivale a una media de 90 personas al día, una cada 16 minutos.
De las personas fallecidas en este periodo, 6.940 estaban pendientes de valoración de grado y 6.563 esperaban recibir la prestación o el servicio que ya tenían reconocido.
Más de 265.000 personas esperan una respuesta
El informe distingue entre dos grandes grupos dentro de la lista de espera real. Por un lado, 110.108 personas permanecen pendientes de valoración, lo que representa el 41,5% del total. Por otro, 155.352 personas ya tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero todavía no lo reciben, lo que supone el 58,2%.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya que estas cifras ofrecen una imagen más amplia que la lista de espera computada por el Ministerio de Derechos Sociales, que considera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración incumple el plazo máximo legal de 180 días para recibir la prestación o servicio reconocido.
El Observatorio defiende que no debe dejarse fuera a ninguna persona que esté esperando una respuesta administrativa, ya sea para obtener la valoración de dependencia o para acceder a la atención reconocida.
El sistema crece, pero no absorbe la demanda
El informe constata que el número de personas atendidas ha seguido aumentando en 2026. En los cinco primeros meses del año, 47.323 personas dependientes más han recibido atención respecto al cierre de 2025, mientras que la suma total de prestaciones y servicios ha crecido en 69.047.
Sin embargo, el Observatorio advierte de que este incremento resulta insuficiente para absorber la demanda acumulada y alerta de una consolidación del carácter “low cost” del sistema.
Según el análisis, buena parte del crecimiento se concentra en prestaciones y servicios de menor coste, como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia, mientras continúan las dificultades para reforzar servicios de mayor intensidad asistencial.
La asociación vincula esta evolución con la falta de incremento presupuestario en los tres últimos años por parte del Ministerio de Derechos Sociales, después de no mantenerse la financiación extraordinaria de 600 millones de euros anuales incluida en el Plan de Choque durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Casi un millón de personas fallecidas en veinte años de aplicación
El informe recuerda que la Ley de Dependencia cumple dos décadas con avances relevantes, pero también con un desarrollo todavía incompleto.
Según los datos recopilados por el Observatorio, alrededor de cuatro millones de personas han recibido atención del sistema en estos veinte años, mientras que casi un millón habrían fallecido en listas de espera desde el inicio de su implantación.
La entidad sostiene que la dependencia continúa siendo un derecho pendiente de pleno desarrollo, condicionado por procedimientos burocráticos complejos, cuantías insuficientes, baja intensidad de algunos servicios, limitaciones en la compatibilidad de prestaciones, financiación deficiente y fuertes desigualdades territoriales.
El tiempo medio de espera alcanza los 320 días
El indicador de agilidad administrativa sitúa el tiempo medio de espera en España en 320 días, muy por encima de los 180 días establecidos como plazo máximo legal para resolver el expediente y garantizar el acceso a la prestación o servicio correspondiente.
Solo seis comunidades autónomas y Ceuta se mantienen por debajo de ese límite en sus promedios. Castilla y León registra 119 días; Aragón, 122; País Vasco, 131; La Rioja, 144; Castilla-La Mancha, 166; Cantabria, 171; y Ceuta, 86.
En el extremo contrario se sitúan Murcia, con 552 días de espera media; Andalucía, con 446; Asturias, con 411; Madrid, con 346; y Canarias, con 335.
El Observatorio destaca además que Asturias ha incrementado sus tiempos de tramitación en 84 días durante 2026, mientras que Canarias los ha reducido en 95 días, Andalucía en 50 y La Rioja en 30.
Cataluña y Andalucía concentran casi la mitad de los fallecimientos
De las 13.503 personas fallecidas en lista de espera durante los cinco primeros meses del año, casi la mitad se concentran en Cataluña y Andalucía.
Cataluña registra 4.342 fallecimientos y Andalucía, 2.204. En el otro extremo, Galicia aparece como la comunidad con menor número de fallecimientos en lista de espera, con 34.
El Observatorio advierte de que estas cifras evidencian el impacto humano de los retrasos administrativos y la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta del sistema.
Cuatro comunidades acumulan dos tercios de la lista de espera
El informe señala que casi el 67% de las personas en lista de espera se concentran en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, con 80.827 personas; Andalucía, con 49.513; Comunidad Valenciana, con 28.808; y Canarias, con 17.457.
La Comunidad de Madrid registra 14.559 personas en lista de espera, de las que 14.181 están pendientes de recibir la prestación o servicio que ya tienen reconocido. El Observatorio plantea la conveniencia de aclarar cuántas solicitudes se encuentran todavía sin grabar en el sistema.
En términos relativos, el 11,5% de las personas solicitantes de dependencia en España espera algún trámite. Canarias, con el 20,4%; Cataluña, con el 18,8%; y Murcia, con el 18,3%, presentan los porcentajes más elevados. En el lado opuesto se sitúan Castilla y León, con el 4,3%; Navarra, con el 2,3%; y Galicia, con el 1,3%.
La lista de espera cambia de tendencia en 2026
El Observatorio recuerda que la lista de espera se había reducido de forma progresiva desde el máximo alcanzado tras la incorporación al sistema de las personas con grado I en julio de 2015, cuando 442.000 personas con derecho reconocido aguardaban recibir una prestación o servicio.
Sin embargo, los datos de 2026 apuntan a un cambio de tendencia. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la lista de espera ha aumentado un 2,8% en el conjunto de España.
Las mayores subidas se producen en Cantabria, con un incremento del 106,8%; Madrid, con el 42,6%; y Castilla-La Mancha, con el 26,9%. Las reducciones más significativas corresponden a Canarias, con un descenso del 20,7%; Ceuta y Melilla, con el 20,6%; y Navarra, con el 20,5%.
Financiación, burocracia y desigualdad territorial
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye los retrasos acumulados a dos factores principales: la insuficiente financiación del sistema y la complejidad burocrática de los procedimientos.
El informe considera que los recortes sufridos durante la etapa de despliegue de la Ley generaron importantes bolsas de desatención y que el entramado administrativo sigue dificultando el ejercicio efectivo del derecho.
En la mayoría de comunidades autónomas existen dos procedimientos encadenados: primero la resolución del grado de dependencia y después la aprobación del Programa Individual de Atención. Según el Observatorio, esta sucesión de trámites provoca demoras que, en muchos casos, obligan a revisar nuevamente la situación de la persona antes de que llegue la prestación.
El documento señala como excepciones a Andalucía, País Vasco, Madrid y Castilla y León, donde el procedimiento se simplifica mediante una única resolución administrativa que incorpora el grado de dependencia y la prestación o prestaciones correspondientes.
Un derecho social todavía pendiente de pleno desarrollo
El informe concluye que la dependencia sigue siendo uno de los asuntos de Estado con mayor consenso social y, al mismo tiempo, uno de los ámbitos donde persisten mayores déficits de aplicación.
La Asociación de Directoras y Gerentes reclama reducir las listas de espera, acortar los tiempos de tramitación, reforzar la financiación y superar el modelo de prestaciones de baja intensidad que, a su juicio, limita la eficacia del sistema.
Tras veinte años de vigencia de la Ley, el Observatorio insiste en que el reto ya no es únicamente ampliar el número de personas atendidas, sino garantizar una atención suficiente, ágil, compatible y adaptada a las necesidades reales de quienes tienen reconocido el derecho a recibir cuidados.
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